Dictadura impone "una especie de prisión perpetua" a presos políticos

En un acto calificado como “aberración jurídica” por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Poder Judicial ordenó a sus jueces suspender los juicios contra opositores encarcelados en el contexto electoral, así como el cómputo del plazo máximo para las audiencias. Los están dejando en la cárcel por tiempo indefinido, "una especie de prisión perpetua", denuncia el organismo.

La presidenta de Cenidh, Vilma Núñez, confirmó a DESPACHO 505 que todas las audiencias de juicios contra 35 de los 39 presos políticos están “suspendidas” por supuesta “saturación de trabajo” en los juzgados. No dan fecha de celebración de las comparecencias, pero lo más grave, según la defensora de derechos humanos, es que los jueces orteguistas, en una flagrante violación al debido proceso, ordenaron “interrumpir” el cómputo del plazo máximo para celebrar los juicios, es decir, no están contando los días que los opositores están encarceldos, lo que los deja en una especia de “prisión por tiempo indefinido o cadena perpetua”.

LEA TABIÉN: Senador Marco Rubio pide al régimen liberar a los presos políticos

Núñez tildó esa acción del Poder Judicial como “una canallada, una aberración jurídica” que constituye una violación grave a los derechos humanos de los opositores detenidos por razones políticas. A cuatro de ellos ni siquiera se les ha celebrado audiencia inicial. 

DETENCIÓN Y TORTURAS POR TIEMPO INDEFINIDO

La defensora considera, que la dictadura “está conspirando para mantener detenidas a las personas opositoras en una especie de prisión perpetua, y no sólo están detenidas sino que están siendo sometidas a, torturas, a tratos inhumanos, degradantes, a aislamientos e incomunicación”.

Asimismo, enfatizó que la tramitación que están haciendo los jueces en los procesos contra los opositores  constituye “un delito de lesa humanidad, es la violación más perversa que está ejecutando la dictadura”.

También criticó que se está instrumentalizando al Poder Judicial de la forma “más bochornosa” que ha conocido en sus más de 60 años de experiencia como defensora de derechos humanos y como abogada, “ni en la dictadura de Somoza, con todas las crueldades, las torturas y los juicios mal tramitados que hicieron, se dio una cosa semejante, es decir, este hombre (Daniel Ortega) es más cruel, más perverso y más sanguinario que Somoza”, señaló.

VIOLA LAS REGLAS MANDELA

El Cenidh recordó que el actuar de los jueces orteguistas, viola no solo las leyes nacionales sino las Reglas Mandela, promulgadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) donde se establece que un aislamiento en prisión no puede durar, en ningún caso, más de 15 días porque lesiona grave e irreversiblemente la condición de las personas, sin embargo, algunos presos políticos llevan hasta 4 meses aislados.

LEA TAMBIÉN: UNAB urge a la Cruz Roja Internacional intervenir por presos políticos de Nicaragua ante crueldad de la dictadura

Según el Cenidh, los judiciales alegan estar “saturados de trabajo” para invocar el artículo 134 del Código Procesal Penal (CPP) que establece que los cómputos de un proceso se interrumpen por “caso fortuito o fuerza mayor”.

La presidenta del organismo defensor ripostó que la fuerza mayor como causal de suspensión de los cómputos debe ser demostrada.

Para la abogada, el caso fortuito es producto de la naturaleza, como un terremoto, y la fuerza mayor, es provocada por el hombre y debe probarse. Ninguna de esas causales existe en estos procesos, y por esa razón, a partir de este miércoles 28 de octubre, los abogados defensores van a empezar a interponer recursos de reposición contra esa “aberración jurídica”.

FAMILIARES DENUNCIAN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Ana Lucía Vijil, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas dirigentes opositoras convertidas en presas de conciencia, informó que el caso de su hermana fue radicado en el Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio, mientras que la causa de su tía quedó en el noveno. 

“Todos los autos dicen lo mismo, que hay una saturación de trabajo y que eso hace que el proceso esté paralizado. Esa paralización es arbitraria, porque las personas siguen detenidas sin ser juzgadas”, cuestionó Vijil.

Vijil destacó que los jueces de juicio en todas las jurisdicciones donde fueron radicadas las causas son nuevos. No son los mismos que juzgaron a los opositores en la primera ola represiva contra los que participaron en las protestas del 2018. “Los jueces anteriores han sido promovidos como parte de la política de recompensa a los operadores políticos dentro del Poder Judicial”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Policía Orteguista sometió a familiares de presos políticos a “revisiones físicas humillantes”

En el caso del politólogo José Antonio Peraza, su proceso, una de sus familiares denunció que está siendo procesado en total indefensión, pues su representante inicial, que era el abogado José Antonio López, de la organización Abogados del Pueblo, pese que le dieron intervención de Ley al no presentarse a la audiencia inicial por haberse infectado de Covid-19, le declararon abandono del caso.

La familia del politólogo nombró un nuevo abogado, pero hasta la fecha, el Juzgado no le permite el intercambio de pruebas al que por Ley tiene derecho para poder ejercer bien la defensa.

El artículo 269 del Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua, referido al intercambio de prueba, establece que el fiscal, so pena de ser sancionado, deberá presentar ante el judicial de la causa y compartir con la defensa del acusado el listado de las pruebas que presentará en juicio, además de las piezas de convicción en poder de la Policía o del Ministerio Público. Asimismo, debe compartir con el defensor el listado de los peritos junto con el informe que elaboraron además de los nombres y direcciones de los testigos que llevará a la audiencia. Nada de eso han hecho los fiscales, aseguró la familiar de Peraza.

JUECES Y FISCALES NO RESPETAN EL CÓDIGO PENAL

Los familiares de presos políticos denuncian que en los procesos penales se han violado todas las normas establecidas en el Código Procesal Penal

A los 39 presos políticos del contexto electoral les han realizado las audiencias de garantías constitucionales para declararles 90 días de prisión, y la preliminar, donde han elevado las causas a juicio, en las mismas celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en las que los mantienen encarcelados.

Además, los actos procesales han sido celebrados sin la presencia de los abogados defensores nombrados por los acusados o sus familiares y, en algunos casos, en la madrugada o de noche. 

“Los procesos son nulos desde el inicio, desde que los capturaron sin orden judicial, sin flagrancia del delito, han violado todo el debido proceso”, indicó doña Jilma Herdocia, esposa del exdiplomático José Pallais, quien lleva más de tres meses encarcelado.

“Él está animado, pero muy afectado de su salud, tanto que tengo temor, sin embargo, sus principios se mantienen intactos, él siempre ha sido muy firme y consecuente con sus ideales”, dijo la señora.

LEA TAMBIÉN: Monseñor Silvio Báez: “No olvidemos a los presos políticos ni a los exiliados, alcemos la voz por ellos”

El 28 de mayo del presente año, la dictadura Ortega-Murillo emprendió una escalada represiva en la que hasta ahora ha apresado a 39 personas identificadas como opositoras. En este grupo de nuevos presos políticos se incluye a 7 precandidatos presidenciales, activistas de organizaciones políticas, feministas, periodistas, empresarios y dirigentes campesinos y estudiantiles. Todos están siendo procesados por los supuestos delitos de traición a la patria por supuestamente realizar actividades que menoscaban la soberanía del país.

Con esta ola de detenciones combinada con maniobras disfrazadas de legalidad para eliminar a tres partidos políticos, Daniel Ortega se allanó el camino para presentarse sin competencia a las votaciones del próximo 7 de noviembre donde va a imponer su cuarto mandato, junto a su esposa Rosario Murillo que será “reelecta” para un segundo período consecutivo en la vicepresidencia.