Costa Rica rechaza “burda e hipócrita” campaña de Ortega y pide más presión contra el régimen

Costa Rica sostiene que al denunciarlos ante la CIDH y la ONU, Ortega evidencia un “abierto desconocimiento” sobre lo que es un delito de lesa humanidad y piden al mundo redoblar esfuerzos para que la dictadura cese sus violaciones y que el país retome la senda democrática.

El Gobierno de Costa Rica denunció la “difusión masiva de información falsa y denuncias infundadas” por parte del régimen de Daniel Ortega ante organismos internacionales de derechos humanos, tras la muerte de un nicaragüense en un operativo policial y llamó a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para que Nicaragua retorne a la senda democrática.

Tras la muerte del nicaragüense Henry Ruiz durante un operativo de contrabando en territorio costarricense, Ortega denunció a ese país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de cometer un “crimen de lesa humanidad”, señalamientos que Costa Rica rechaza.

Las autoridades sostienen que efectivos policiales que se encontraban en labores de vigilancia en el río Niño, la noche del 12 de agosto, recibieron una alerta indicando que varias embarcaciones ingresarían con mercadería de contrabando procedente de Nicaragua.

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A las 11:22 de la noche observaron a cinco botes en su territorio, dieron la orden de alto, pero los ocupantes desoyeron la indicación policial y, según las autoridades ticas, abrieron fuego contra los oficiales quienes tuvieron que repeler la agresión.

“El incidente está siendo investigado por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, como corresponde en un Estado de Derecho”, manifestó Costa Rica en un comunicado.

Tras las denuncias del régimen ante organismos internacionales, el Gobierno del presidente Carlos Alvarado sostiene que Ortega “no solo evidencia un abierto desconocimiento sobre lo que en realidad consiste un delito de lesa humanidad y las vías correctas para su judicialización, sino sobre todo su burda intención de desprestigiar a Costa Rica a la vez que desviar la atención sobre su situación interna, mediante la descarada manipulación de la información”.

ORTEGA IGNORA SUS CRÍMENES

Costa Rica recordó que la grave crisis que se vive en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018 ya ha cobrado la vida de más de quinientos ciudadanos nicaragüenses a manos de funcionarios del régimen, además de cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, obstrucción del acceso a la atención médica, malos tratos, tortura y violencia sexual en los centros de detención.

En un comunicado emitido por la Cancillería tica, Costa Rica recalcó que en Nicaragua continúa la represión de manifestaciones pacíficas, criminalización de líderes sociales, protestantes y periodistas, y cierre de medios de comunicación, entre otra serie de abusos y violaciones a los derechos humanos, que ya han sido estudiados y documentados por la propia CIDH y Naciones Unidas.

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“Por lo anterior, Costa Rica, repudia esta burda e hipócrita campaña mediática por parte del Gobierno de Nicaragua, y hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para lograr que el Gobierno de Nicaragua cese sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos de toda su población y que eventualmente el país pueda retomar la senda democrática”, manifestó San José.

Desde el inicio de la crisis desatada a causa de la represión orteguista, Costa Rica dijo que se ha visto además directamente afectada. Entre abril del 2018 y julio de 2019, ese país recibió 68,638 solicitudes de refugio cuando en 2016 y 2017 la cifra total de solicitantes de refugio fue de 68 y 67 personas respectivamente.

Agregaron que la crisis económica nicaragüense repercute también en la economía costarricense.  “A pesar de lo anterior, Costa Rica, fiel a su tradición civilista y solidaria, ha procurado acoger de la mejor manera a todos los nicaragüenses que se han visto forzados a desplazarse al país, brindando atención médica y servicios de salud y otros a dicha población migrante”, concluyó la Cancillería.