Industriales de Centroamérica advierten que detenciones de dirigentes del Cosep "causan inestabilidad política y social"

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) condenó la "detención arbitraria" de Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y a la vez demandó la liberación inmediata.

"Estos hechos van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica", exponen los industriales.

El organismo empresarial centroamericano expresa que los arrestos de este jueves violentan los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. "Las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos nicaragüenses deben ser respetados", dicen.

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"Exigimos la liberación inmediata de Michael Healy y Álvaro Vargas, así como de José Adán Aguerri y los demás presos políticos a los que el Gobierno de Nicaragua les han negado su libertad sin fundamento", señala el comunicado de Fecaica, que expresó su solidaridad "con el pueblo nicaragüense, esperando que el país retome la estabilidad y predomine la verdadera democracia" .

Healy fue arrestado luego de asistir a una "entrevista" en el Ministerio Público por una causa que no fue especificada. Al salir de la institución, el empresario declaró que la cita había sido reprogramada, pero minutos más tarde, el Cosep denunció que el dirigente empresarial fue apresado junto a su conductor Wilber Alvarado.

UPANIC DEMANDA LIBERACIÓN DE AMBOS DIRIGENTES

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), se sumó al rechazó a la detención de Vargas, quien es el presidente del organismo gremial, y de Healy. También demandó su liberación inmediata: "Confirmamos nuestra confianza hacia ellos y continuaremos trabajando para defender su incuestionable integridad".

Vargas y Healy son señalados por el régimen de Ortega de los delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense y de "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación". El régimen aplica la cuestionada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo en diciembre pasado.

Upanic señaló que ambos dirigentes se han destacado por su trabajo en "pro del desarrollo y la sostenibilidad del sector agropecuario, siendo uno de los pilares que mantiene y dinamiza la economía de nuestro país, representando el 14% del PIB, el 60% de las exportaciones totales, generando el 31% de empleo y además, contribuye a la seguridad y la soberanía alimentaria".

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El Cosep también denunció que la Policía al mando del sancionado comisionado Francisco Díaz, allanó la casa de Healy, quien goza de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La detención de los dirigentes empresariales se dio un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobará una resolución donde demanda la liberación "inmediata" de los presos políticos incluyendo siete aspirantes a la Presidencia.

Con estas dos detenciones ya suman 39 los líderes apresados desde el pasado 28 de mayo, cuando Ortega, quien se busca su cuarto mandato consecutivo, emprendió una ola de arrestos contra sectores que le adversan.

SEIS MIEMBROS DE LA ALIANZA DETENIDOS

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresó su preocupación por las recientes detenciones y precisó que con Vargas y Healy ya suman seis miembros fundadores encarcelados.

“Ante la actitud cívica y respetuosa de Lesther Alemán Alfaro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Max Jerez Meza, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas Duarte, todos fundadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y miembros del Diálogo Nacional convocados por la Conferencia Episcopal, han sido sujetos, a represión, persecución, criminalización, cárcel y procesos judiciales que son violatorios del debido proceso y los estándares internacionales”, dijo la organización.

La Alianza se dirigió a la comunidad internacional para decir que ve con preocupación el continuo agravamiento de la crisis política, social y económica de Nicaragua. Asimismo, condena el comportamiento gubernamental abusivo y violatorio de los derechos fundamentales.