Cejil: Asesinatos, secuestros y violaciones en comunidades miskitas quedan en la impunidad por pasividad estatal

En el contexto de crisis que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018, “la marginalidad de las comunidades se ha agravado y se han potenciado las agresiones impactando de manera seria y diferenciada a las comunidades indígenas que desde hace años reclaman justicia”.

Ataques armados, secuestros, desplazamiento forzado y violaciones sexuales son parte de las graves situaciones que padecen las comunidades miskitas ante la invasión de sus territorios. Se lleva registro de al menos doce asesinatos de comunitarios en los últimos cuatro años “sin que nadie rinda cuentas ante la justicia”.

“La impunidad que gozan los responsables es un factor que propicia el avance de los colonos en los territorios indígenas y la continuada persecución a las comunidades. A la vez, se refuerza la falta de confianza en las instituciones, inhibiendo las denuncias de las víctimas”, revela el informe “Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con el propósito de documentar y visibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades indígenas miskitu de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN).

Entre los hechos más graves se cuentan los asesinatos de doce comunitarios: Benito Francisco Sipit, Rosmeldo Solórzano Espinoza, José Álvarez Blandón, Bermúdez Wilson Benath, Mario Leman Muller, Marcial Pérez Morales, German Martínez Fenly, Rey Muller, Kent Disman Ernesto, Gerardo challe Allen, Lenin Pedro Parista y Felipe Pérez Gamboa.

Sólo durante la segunda mitad de 2015 se produjeron más de 22 incidentes violentos contra comunitarios, resultando en siete asesinados, cuatro desapariciones y 16 personas heridas, incluyendo niños y adolescentes, indica el reporte de Cejil que también menciona “la destrucción y robo de propiedades de las comunidades, amenazas de muerte generalizadas a sus miembros exigiéndoles que dejaran de visitar y trabajar sus parcelas, amenazas para abandonar la defensa de sus derechos, secuestros, asesinatos de líderes comunitarios, ataques de grupos de personas armadas y desapariciones”.

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“Desde el año 2016 hasta finales del 2018 ocurrieron tres asesinatos más, ataques armados, secuestros y diferentes formas de amenazas contra las comunidades, sin que nadie rinda cuentas ante la justicia”, indica el informe.

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

También se evidencia el desplazamiento forzado de al menos el 35 por ciento de la población de una docena de comunidades del Caribe Norte que la Cejil identifica en alto riesgo. Señala como responsable de la condición de vulnerabilidad de estas poblaciones al Estado de Nicaragua que desde 2001 “incumple sus obligaciones de protección de derechos de los pueblos indígenas, incluido el de acceso a la justicia e investigación de las graves violaciones denunciadas y de protección a las personas defensoras de derechos humanos”, contenidas en dos sentencias de la Corte IDH.

Según la Cejil, lo que ocurre en los territorios indígenas pone en evidencia el incumplimiento por parte de Nicaragua “a realizar el saneamiento efectivo de los territorios que permitiría dilucidar conflictos con los colonos que han conllevado a la comisión de graves violaciones a los derechos humamos contra el pueblo miskitu; garantizar el uso y goce efectivo al territorio indígena; y evitar el profundo deterioro de la situación de las comunidades de la RACCN”.

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Asimismo, la Cejil señala que en el contexto de crisis que enfrenta Nicaragua desde abril de 2018, “la marginalidad de las comunidades se ha agravado y se han potenciado las agresiones en contra de sus miembros, impactando de manera seria y diferenciada a las comunidades indígenas que desde hace años reclaman justicia”.

LAS DEUDAS PENDIENTES DEL RÉGIMEN

 Ante la grave situación de vulnerabilidad Cejil recomienda al Estado nicaragüense:
 1. Implemente de manera inmediata las medidas ordenadas por la CIDH y la Corte IDH. En particular, que conforme una instancia u órgano que diagnostique las fuentes del conflicto y proponga vías de solución. Ésta deberá establecerse y avanzar en coordinación con las comunidades y sus representantes ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
 2. Recabe y publique información desagregada sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la RAACN, para orientar las políticas públicas que permitan garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.
 3. Inicie el proceso de saneamiento de los territorios indígenas, priorizando aquellos en conflicto, para proceder al traslado de los colonos a sus lugares de origen o a su reubicación, en atención a lo establecido en la Ley 445.
 4. Adopte todas las medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias desplazadas a sus comunidades de origen y asegure de inmediato su acceso a servicios adecuados para ejercer sus derechos en materia de salud, educación, agua potable, alimentación y vivienda, entre otros.
 5. Investigue de forma exhaustiva e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas contra las comunidades miskitu, incluyendo las amenazas, asesinatos, lesiones, secuestros y violencia sexual; haga públicos los resultados y lleve ante la justicia a las personas responsables materiales e intelectuales de estos graves hechos.
 6. Implemente las medidas de protección ordenadas por el SIDH para que las y los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas puedan continuar con su labor y se lleve ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de las amenazas y hostigamientos en su contra.
 7. Elabore un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que tengan en cuenta los riesgos inherentes a tal actividad y conduzcan a la determinación y eventual sanción de los responsables, otorgando una reparación adecuada. Ello en cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el caso Acosta y otros vs. Nicaragua.
 8. Ordene a funcionarios públicos abstenerse de desprestigiar el trabajo de CEJUDHCAN y sus integrantes y en su lugar se reconozca la legitimidad de su labor.
 9. Permita el acceso a Nicaragua de quienes integran CEJIL para efectos de continuar realizando el acompañamiento a las comunidades afectadas en la defensa de sus derechos.