Carlos Espinoza Castilla, el fiscal verdugo de presos políticos 

Desde 2018, el fiscal del Ministerio Público, leal al régimen de Daniel Ortega, se ha encargado de armas pruebas contradictorias contra los opositores y, en otros casos, presenta a  testigos que ni siquiera estuvieron en el lugar de los hechos. 

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  • agosto 28, 2021
  • 03:58 AM

Antes de desatarse la “cacería” de opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su nombre pasaba desapercibido, pero a partir de 2019 el fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla, ha cobrado notoriedad al convertirse en el verdugo de los presos políticos. 

Quienes han estado ligados a los procesos penales, aseguran que Espinoza pareciera haberse multiplicado debido al número de causas penales en la que él aparece acusando a las víctimas de la dictadura. 

“Realmente es curioso que un fiscal esté al frente de una gran cantidad de causas penales con delitos graves, lo cual requiere de mucho tiempo, pero como es un títere, que solo llega a las audiencias a leer un guión y a recibir instrucciones vía telefónica. Es comprensible que tenga chance de andar de juzgado en juzgado”, indicó el familiar de un preso político. 

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Un abogado explicó que el fiscal es una persona fría, calculadora y de temperamento fuerte, pero que todas las decisiones legales de trascendencia las consulta en todo momento a sus superiores. 

“Aunque él no toma las decisiones sobre el rumbo de los procesos, en las audiencias él sabe perfectamente de antemano que se dictará fallo de culpabilidad contra los presos políticos, pese a que los juicios carecen de pruebas. Abundan las contradicciones, presentan a testigos que ni siquiera estuvieron en el lugar e incumplen con la cadena de custodia entre otras anomalías”, dijo otro abogado ligado a la Fiscalía. 

Un profesional del derecho de Managua asegura que Espinoza es un funcionario público sin ética, que aun sabiendo que las acusaciones que promueve son prefabricadas, actúa de manera abusiva. 

“Es una persona sin ética al servicio de la pareja dictatorial. No le importa abusar de su cargo para solicitar penas que ni siquiera existen en la ley porque ha solicitado penas más allá de lo que estipula el Código Penal y todo para quedar bien con la dictadura”, señaló. 

Fuera de los procesos penales contra reos políticos, el caso de mayor relevancia en el que se ha visto involucrado Espinoza, es en el juicio en el que un juez Managua declaró culpable el 29 de noviembre del 2019, a Walter David Darbelles Jiménez, por el crimen de una quinceañera en Managua. 

En los pasillos de los juzgados, se comenta que llegó como fiscal auxiliar del Ministerio Público de Managua, procedente de la delegación departamental de Matagalpa para convertirlo en el verdugo de los opositores. 

Entre las múltiples acusaciones que ha promovido contra opositores, destacan, el caso de los matagalpinos María Esperanza   Sánchez de 52 años y Víctor Manuel Soza Herrera de 60 a quienes acusó por tráfico de drogas. 

Otro caso controversial en los que se ha visto involucrado Espinoza como fiscal   es del   joven opositor Sergio Beteta, quien el 23 de marzo fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por el juez Melvin Vargas García del juzgado Séptimo de Distrito Penal de Juicio de Managua. 

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Sergio Beteta es el joven que fue detenido el 21 de diciembre del año pasado cuando se encontraba en la avenida universitaria protestando contra la dictadura de Ortega con la bandera de Nicaragua, pero a la vez quemó la rojinegra del partido Frente Sandinista. 

Otro de los casos en los que ha estado involucrado es el de los presos políticos Hader Humberto González Zeledón de 31 años y el monimboseño Cristian David Meneses, quienes fueron detenidos el 16 de agosto del año pasado en una zona fronteriza con Costa Rica cuando volvían del exilio. 

“Esa es la tónica de este fiscal, ver a los opositores como enemigos porque carece de objetividad y para congraciarse con el régimen y demostrar que está con ellos, solo llega   a solicitar   penas máximas”, comentó la familiar de un preso político. 

Espinoza pertenece a la unidad especializada contra el crimen organizado de la Fiscalía. 

“Gracias al aval que tienen en los juzgados, hace las cosas con argumentos fuera de lógica jurídica,  y como fiscal y conocedor del Derecho sabe qué pruebas las evacuadas en juicio son nulas, pero tienen el respaldo de los jueces por ser casos políticos”, explicó.

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