CIDH: Nicaragua sigue sumando muertes por la represión estatal

La CIDH elevó a 328 el registro de muertes en el contexto de la crisis, advirtió sobre las denuncias de asesinados políticos en el campo, el asedio y persecución a los defensores de derechos humanos y la aplicación antojadiza de la Amnistía, que le garantizó la libertad al asesino de la estudiante brasileña.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la alarmante persistencia de patrones represivos en Nicaragua, evidenciados en el aumento de muertes y de casos de persecución, asedio, abuso de autoridad policial y de criminalización selectiva.

La situación se torna más grave ante la decisión del régimen de Daniel Ortega de dar por terminadas las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, advierte el organismo en un informe en el que llama a la comunidad internacional a observar de cerca la persistencia de la represión estatal en Nicaragua.

“La comunidad internacional debe tener presente la persistencia de la represión estatal y el cierre de los espacios democráticos. En Nicaragua siguen existiendo víctimas fatales, así como personas detenidas y perseguidas por manifestar sus opiniones e intentar protestar. El llamado a cesar la represión es necesario y urgente”, exhortó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH.

EJECUCIONES EN EL CAMPO

En el mes de julio, la CIDH informa haber recibido reportes “preocupantes” sobre un alegado incremento de la violencia en las zonas rurales al interior del país y en la frontera con Honduras, entre los que se incluyen casos de asesinatos de personas identificadas por la sociedad civil como opositoras al régimen de Daniel Ortega, se destaca en el más reciente informe sobre la crisis de derechos humanos que se registra en Nicaragua desde abril de 2018 y que, de acuerdo con el organismo, se agudiza por la imposición de un estado policial.

LEA MÁS: Ejecuciones selectivas y persecución política en Nicaragua van en aumento

Según la CIDH no se logra tener información precisa sobre las denuncias de ejecuciones debido a la desconfianza de los familiares de las víctimas para presentar las denuncias en las instituciones o su temor a sufrir represalias.

El organismo le recuerda a las autoridades su obligación de investigar “no como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”, y sin importar “cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”.

AUMENTO DE MUERTES

La CIDH elevó a 328 el registro de muertes vinculadas a la represión registrada desde el 18 de abril, siendo el caso más reciente el asesinato de Bryan Murillo López a manos de un oficial de policía, en León, durante un allanamiento a su vivienda.

En el operativo también resultó herido el hermano de la víctima, Kenner Murillo López y Javier Cortez Castillo, a quienes la Policía atribuyó delitos comunes para justificar el abuso de la fuerza.

PERSECUSIÓN, ASEDIO Y AMENAZAS A DEFENSORES

Con información recabada por el Meseni, la CIDH alerta pone en evidencia la intensificación de la vigilancia, seguimiento policial y hostigamientos a defensores de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pese a contar con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables en que se encuentran.

LEA MÁS: “Te vamos a recetar la paz del comandante… golpista maldita”, las amenazas de muerte contra la abogada Leyla Prado de la CPDH

Menciona los casos de la abogada Yonarqui Martínez, detenida el 20 de julio, y de la defensora María Oviedo, quien fue detenida y acusada penalmente, pese a sufrir violencia policial, el 26 del mismo mes.

Este lunes, la abogada Leyla Prado de la CPDH también denunció amenazas de muerte de parte de simpatizantes orteguistas. “Te vamos a recetar la paz del cementerio”, le advirtieron.

REPRESIÓN ESTATAL

La CIDH subraya que persisten patrones de represión estatal “como mecanismos de censura indirecta en contra de medios de comunicación independientes, la ocupación desproporcionada del espacio público y la prohibición de las protestas sociales”.

Y como ejemplo menciona el hostigamiento policial en actos religiosos en memoria de las personas asesinadas durante la Operación Limpieza; la negativa de la Policía Nacional para autorizar la marcha en conmemoración del día del estudiante; y la represión contra quienes intentaron manifestarse el día 25 de julio.

JUSTICIA PARCIALIZADA

También incluye en su informe la criminalización selectiva, las violaciones a las garantías del debido proceso y la manipulación del derecho penal, como evidencia de la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense que padece el país y que se ha agravado desde el 18 de abril.

En ese sentido, la CIDH toma nota de las denuncias de 120 casos de presos políticos que no han sido liberados; “entre ellos, dos personas ya excarceladas que estarían siendo acusadas bajo nuevos delitos”, y la detención de un adolescente de Masaya que permaneció cuatro días en poder de las autoridades policiales.

LEA MÁS: CPDH: 1,769 denuncias en seis meses, la Policía Orteguista es la más señalada

Añaden la aplicación de la Ley de Amnistía “para archivar las causas de manifestantes y personas identificadas como opositoras sin dictar su sobreseimiento, lo cual facilitaría su reapertura”.

En tanto, critican que con la amnistía se haya beneficiado al asesino confeso de Rayneia Gabrielle Da Costa Lima, estudiante brasileña, “aun cuando el Estado argumentó que su muerte no estaba vinculada con el contexto de los hechos de violencia y las protestas”.

“La Comisión hace un llamado al Poder Judicial para ejercer plenamente su autonomía e independencia al resolver los procedimientos penales que siguen abiertos, así como las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas en contra de la Ley de Amnistía.” señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.

ESTADO POLICIAL

Ante el cierre de las negociaciones, la CIDH señala falta de voluntad del régimen para alcanzar el restablecimiento efectivo de los derechos y garantías fundamentales restringidas en el contexto del estado policial y de grave deterioro institucional que se mantiene en el país. “La Comisión hace un llamado a cesar los actos violatorios a los derechos humanos que se siguen dando en el país, y especialmente a generar a la brevedad un auténtico diálogo democrático que permita abordar las causas estructurales que facilitan dichas violaciones”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH.