Régimen de Daniel Ortega no se presenta a la audiencia pública de la Corte IDH

El régimen de Daniel Ortega no se presentó este viernes a la audiencia pública que convocó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para la supervisión de las medidas urgentes otorgadas a los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera.

La Corte IDH emitió dos resoluciones donde ordena al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los detenidos y le ordenó la adoptación de medidas para proteger la vida, integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares. Las medidas fueron ignoradas y los beneficiarios siguen detenidos y permanecen "desaparecidas" desde hace más de tres meses.

Los familiares de los beneficiarios de las medidas plantearon a los miembros de la Corte IDH, que desconocen el paradero de sus parientes y demandaron al Estado de Nicaragua dé una prueba de vida. Otra de las peticiones es que el régimen de Ortega respete las leyes y convenios internacionales.

La juez Elizabeth Odio Benito, lamentó la inasistencia del Estado en esta audiencia e indicó que debido a " la gravedad de la situación hubiera ameritado que pudiésemos oírlos”.

En la audiencia participó Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien hizo una reseña de la situación de Nicaragua y de los detenidos.

Urrejola, expuso que pese a la gravedad el Estado no proporciona información sobre las condiciones de su detención y paradero exacto. “Al contrario el Estado no está presente y persiste en su detención y en la total incomunicación de estas personas. El escalamiento en la violencia que ha denunciado la sociedad civil, la comunidad internacional y la CIDH, ha consistido en la intensificación de la criminalización de la oposición política”, expuso.

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que los beneficiarios de las medidas permanecen desaparecidos y agregó que la ausencia del Estado en la audiencia "reafirma el incumplimiento de las medidas" y la obligación de informar a la Corte IDH sobre el paradero y su situación, así como aportar pruebas de los delitos que le imputan.

"Se limitaron a señalar que los hechos denunciados son inexistentes y no ameritan medidas de protección. El Estado desconoció y descalificó a esta honorable Corte y a los representantes. Así, el desacato estatal contraviene el principio del efecto útil de la Convención Americana y su aplicación por la Corte como su intérprete último. Por ello, contrariamente a lo que señala el Estado, reafirmamos que, en el presente asunto, el Tribunal actúa dentro de su competencia", expuso la presidenta del Cenidh.

Núñez, sostuvo que debido a la continúa incomunicación de los beneficiarios de las medidas es que se está frente a la una "desaparición forzada".

Ayer en una audiencia secreta, el Ministerio Público acusó a los beneficiarios de estas medidas por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. La institución estatal también acusó por el mismo delito al aspirante a la Presidencia Arturo Cruz, al exvicecanciller José Pallais y al señor Manuel Orozco, único que se encuentra libre.

El juez, cuyo nombre no fue revelado por el Ministerio Público, admitió la acusación en contra de los señalados y les decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los que están bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener.

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TESTIMONIOS DE LOS FAMILIARES

Bertha Valle, esposa de Félix Maradiaga, quien se encuentra en el exilio desde junio del 2018, indicó que los abogados defensores no han tenido acceso a su expediente judicial y pidió una prueba de vida ya que tiene 80 días de estar apresado.

Valle entre sollozos narró que su hija presenta ataques de ansiedad y ha desarrollado temor al abandono por el estrés que ha vivido.

“Lamento que el Estado de Nicaragua se ha mostrado con indiferencia con respecto a las medidas provisionales otorgadas por la Corte para proteger la seguridad y el bienestar de mi marido”, expuso Valle quien es investigada por el régimen de traición a la Patria. Maradiaga fue apresado el 8 de junio, luego de acudir a una cita al Ministerio Público.  

Bertha dijo que la acusación que presentó el Ministerio Público en contra de Maradiaga son “infundadas y descaradamente políticos” y representa un aumento de la represión de parte del régimen, “con la intención de mantenerlo desaparecido e incomunicado indefinidamente”.

Carolina Jackson, hija de José Adán Aguerri, dijo que su padre es “desaparecido político” y otra víctima de la represión de Ortega, por pensar diferente.  Expuso que el 8 de junio en horas de la noche, los policías se saltaron los muros de la residencia, ingresaron a la vivienda y se llevaron a Aguerri sin presentar una orden judicial.

Dio a conocer que después que se llevaron al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep), permitieron que salieran todos los familiares, menos a una de las hijas (de 18 años) del empresario a quien encerraron en uno de los cuartos durante dos horas, mientras unos 20 policías “saquearon la casa, llevándose dispositivos y lo que quisieron llevarse”.   

Carolina les expuso a los jueces de la Corte IDH que sus hijos no entienden por que su abuelo ya no hace las videollamadas que hacía todos los domingos.

“Ha sido como vivir un duelo sin que esté muerto, el dolor es difícil poner en palabras”, manifestó Jackson, quien agregó que el primer abogado defensor, se vio obligado a exiliarse producto de represión y el asedio.

PREOCUPADOS POR LA SALUD DE VIOLETA GRANERA

Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, manifestó su preocupación por su estado de salud, ya que tiene padecimientos de diabetes y problemas cardiacos. Dio a conocer que la Policía les ha solicitado medicamente ansiolíticos (tranquilizantes), lo cual, para el joven, es una señal de que su salud emocional está afectada por la violación de sus derechos humanos.

“Nos inquieta sobremanera que la ropa que han solicitado últimamente para mi madre tiene que ser más ajustada, lo que es una señal que está bajando de peso”, explicó Sandino, quien desconoce si su progenitora recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, la que le tocaba días después del secuestro.

Javier Hidalgo, hermano de Tamara, narró la forma en que fue asaltada la vivienda de la feminista el 12 de junio y las afectaciones que causó en la hija de la dirigente opositora. “Es una niña resiliente y trata de comprender, pero 76 días y noches sin ver a su mamá son devastadores”, manifestó Hidalgo.

Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, hizo un llamado a los miembros de la Corte IDH a que utilice todos los mecanismos para que liberen al aspirante a la Presidencia y a todos los presos políticos.

Simultáneamente que se daba la audiencia en las afueras de las instalaciones de la Corte IDH, un grupo de nicaragüenses radicados en Costa Rica, realizaron un plantón para demandar la libertad de los presos políticos.