Dictadura va por juicios políticos en cascada: cuatro aspirantes presidenciales y otras 14 personas acusadas en 48 horas

En las últimas 48 horas cuatro de los siete aspirantes a la Presidencia que han sido arrestados en los últimos dos meses junto a otros 14 ciudadanos han sido acusados ante los tribunales por diversos delitos.

En el caso de los opositores bajo arresto, en su mayoría líderes de movimientos políticos y civiles, el cambio de condición de "investigados" a acusados fue decidida en audiencias secretas de las que ni sus representantes legales tuvieron conocimiento.

Esta nueva acción que viola el debido proceso y los derechos humanos de los acusados marca una nueva etapa del "ataque y venganza" que Daniel Ortega y Rosario Murillo desató el pasado mes de mayo contra voces y figuras que representa una "amenaza para ellos o que son incómodas para su proyecto dictatorial", dice un analista que por encontrarse en Nicaragua pide la protección de su identidad. "Ahora van por los juicios políticos en cascada", señala.

¿Qué persigue Ortega? "Pretende demostrar poder y proyectar que está en control, pero en realidad está acorralado y en su juego perverso podría estar viendo en estas figuras con alto perfil y credibilidad una oportunidad para negocia. Hay que ser realistas, aunque no lo admitan Ortega tiene miedo y es por eso que ha decidido llegar a las últimas consecuencias, conoce su debilidad", valora.

LEA: Edictos a cien córdobas, el “emprendimiento” de la CSJ tras sacar de circulación a La Prensa

OLA DE ACUSACIONES SECRETAS

Las acusaciones comenzaron el martes con la admisión de ampliación de la acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por los supuestos delitos de y la acusación formal de siete trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Ese mismo día también fueron acusados los hermanos Carlos Fernando y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

A Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de Confidencial y Esta Semana, le imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, informó el Ministerio Público en un comunicado.

“Ahí se decide a quién acusar, enjuiciar, y la Fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos, pruebas falsas y la Corte Suprema de Justicia solamente emite las condenas”, dijo Chamorro en su programa el miércoles. "No me callarán", reafirmó desde Costa Rica, donde vive su segundo exilio desde 2018.

En tanto, el mayor de los hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, bajo arresto desde el pasado 26 de junio, es señalado del supuesto delito de gestión abusiva y apropiación y retención indebida.

Los abogados defensores de este primer grupo de acusados denunciaron violación a la Constitución y los derechos humanos porque las audiencias preliminares se celebraron en secreto y hasta se desconoce si los acusados estuvieron presentes.

“Ya casi se cumplen los 90 días de la detención de sus defendidos, ni siquiera se les ha dado acceso al acta de la audiencia en la que se ordenó su detención. Todo lo anterior viola de forma directa el derecho Constitucional a la defensa y los derechos humanos de sus defendidos, quienes están prácticamente sometidos a un juicio arbitrario, violatorio de todo principio constitucional y lleno de nulidades evidentes”, manifestaron en un comunicado.

SEGUNDA RONDA DE ACUSADOS: TRES ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA Y CINCO DIRIGENTES

El mismo patrón de acusación se repitió este jueves. En un comunicado, el Ministerio Público informó que ocho opositores, tres de ellos candidatos presidenciales, fueron acusados por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Se trata de los aspirantes a la Presidencia Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, además de José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); las dirigentes opositoras Violeta Mercedes Granera Padilla y Tamara Dávila Rivas; Manuel Orozco y el excanciller de Nicaragua José Pallais.

De este segundo grupo de acusados, únicamente Orozco se encuentra en libertad y exiliado en Estados Unidos. Para este tipo de casos la autoridad ordenó captura, mientras que para quienes ya están bajo arresto decretó prisión preventiva.

Los familiares de todos los apresados, han manifestado que son “personas desaparecidas” y han mostrado su preocupación, ya que hasta la fecha el régimen de Daniel Ortega, no ha proporcionado información oficial sobre su paradero y las condiciones de detención.