Desaparición forzada, nueva táctica de represión de la dictadura en Nicaragua

La detención arbitraria seguida de desaparición forzada aplicada contra más de 30 opositores representa un "grupo reducido de una lista más larga de víctimas", concluye informe de Amnistía Internacional.

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  • agosto 24, 2021
  • 10:52 PM

La desaparición forzada es la nueva táctica de represión que despliega la dictadura de Daniel Ortega para silenciar a ciudadanos críticos o incómodos, evidencia un reciente informe de la organización Amnistía Internacional.

En el informe "¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua", difundido este miércoles Amnistía Internacional documenta diez casos de opositores detenidos y "desaparecidos" por las autoridades a partir del 28 de mayo.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, sostiene que "al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia", cita un comunicado de la organización.

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Si bien el informe se basa en las detenciones y aislamiento de los opositores Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez, Amnistía Internacional sostiene que no son casos aislados, si no "una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación".

El reporte subraya que en todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto, fecha de cierre de la investigación, las autoridades si bien habían reportado las detenciones no revelan la ubicación exacta de las personas detenidas, ni brindado información a sus familiares, lo cual es una exigencia del derecho internacional.

"En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales, que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas", cita el texto.

Ante ello, Guevara Rosas exigió a las autoridades nicaragüenses bajo el control absoluto de Daniel Ortega "que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos".

HOSTIGAMIENTO CONTRA OPOSITORES SIN TREGUA

Amnistía Internacional recordó que desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, en abril de 2018, "no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento" contra las personas identificadas como opositoras o incómodas a la dictadura, entre las que se encuentran defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.

Como parte de esto, identifica el despliegue de una nueva fase de la estrategia represiva a partir del 28 de mayo, y que se caracteriza por la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras: "La desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas implementadas por el aparato represivo que ha puesto en marcha el Estado para silenciar cualquier crítica o voz opositora", concluyó.

Basada en el análisis de los diez casos tomados como base para su investigación, Amnistía Internacional también señala que esas detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, "constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos".

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LARGA LISTA DE VÍCTIMAS

El organismo pone en relevancia la detención de al menos 32 opositores en los últimos meses, entre ellos siete que habían manifestado en interés en enfrentar a Ortega en los comicios programados para el 7 de noviembre. Estos arrestos en serie "se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos", expuso el organismo defensor.

Asimismo, advierte que las detenciones ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados "serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas".

Amnistía Internacional, pone en evidencia la falta de voluntad de Ortega para respetar y restituir los derechos humanos en Nicaragua desde el inicio de la crisis sociopolítica, así como su resistencia a implementar las recomendaciones de organismo internacionales. "Al contrario, las autoridades siguen dándole la espalda al escrutinio internacional y negándose al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos", apunta.

ORTEGA EN CACERÍA DE OPOSITORES

Parte de esto se ve reflejado en la escalada de la violencia política en Nicaragua de cara a las elecciones generales en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, pretende una nueva reelección, la tercera consecutiva y la segunda llevando a su esposa Rosario Murillo como aspirante a la Vicepresidencia.

Ortega buscará su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con Murillo como segunda al mando, sobre quien pesan sanciones de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza.

Es en el contexto electoral que el orteguismo desplegó la ola de arrestos contra líderes, dirigentes opositores y profesionales independientes que aborda el informe de Amnistía Internacional. Entre los privados de libertad se cuentan siete aspirantes a la Presidencia y periodistas, entre ellos Cristiana Chamorro contra quien este martes una juez admitió ampliación de acusación por los supuestos delitos de apropiación y retención indebida, sin que antes se conociera el cambio en su condición de investigada a acusada.

En una audiencia celebrada en secreto, la jueza orteguista Karen Chavarría ordenó prisión preventiva contra Cristiana Chamorro y siete extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Además acusó a su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro bajo cargos de lavado de dinero,  bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Se desconoce si la orden judicial de prisión preventiva implicará el traslado de Cristiana a las celdas preventivas, ya que desde el 2 de agosto permanecía bajo arresto domiciliar como parte de la detención judicial de 90 días por fines de "investigación".

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE FIN A LA REPRESIÓN

En su informe "¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua", Amnistía Internacional insta nuevamente a la dictadura de Daniel Ortega a frenar la represión, persecución y detenciones arbitrarias para anular a sus críticos las cuales resume en seis puntos:

  1. Poner fin al hostigamiento y amedrentamiento de personas disidentes o percibidas como opositoras;
  2. Acabar con las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a las personas detenidas solamente por ejercer sus derechos;
  3. Poner fin a la práctica de la desaparición forzada y reparar a las víctimas-incluyendo a los familiares de las personas desaparecidas; así como investigar, y en su caso sancionar a los responsables de dichas desapariciones;
  4. Dar inmediato cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
  5. Adherir prontamente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e implementar dicho tratado en la normativa interna de Nicaragua;
  6. Acceder a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas sin formular reserva alguna e implementar sus disposiciones en la legislación nicaragüense, admitiendo a la vez la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y considerar denuncias formuladas por las víctimas o sus representantes, y por otros Estados parte.

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