Una periodista y una pastora, entre los cinco presos políticos desaparecidos por el régimen de Ortega y Murillo

Aurora Marina Chavarría Cordero es pastora evangélica, tiene 56 años y fue detenida el 14 de julio en Matagalpa. Han pasado más de cuatro meses y su familia sigue sin saber dónde está ni en qué condiciones se encuentra.

Chavarría Cordero es una de las cinco víctimas de detención arbitraria a las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares por considerar que sus vidas corren peligro. El organismo advirtió que enfrentan una situación de «gravedad y urgencia» y exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo revelar dónde están y en qué condiciones permanecen recluidas. Todas fueron detenidas entre el 4 y el 14 de julio. Desde entonces permanecen en “incomunicación total” y ni siquiera sus familias conocen su paradero.

Entre los detenidos figura también una periodista cuya identidad se mantiene bajo reserva. Los otros tres son Óscar Enrique Pérez Miranda, Francisco Javier Sevilla Carcache y una persona identificada únicamente con las iniciales T.J.J.

El organismo señala que los familiares de los detenidos han recorrido centros de detención sin conseguir hasta ahora que las autoridades les digan dónde los mantienen recluidos. Tampoco han podido comprobar si están enfermos, si reciben atención médica o en qué condiciones permanecen.

El caso de la periodista

En el caso de la periodista, la CIDH solo la identifica mediante las iniciales C.C.A.S. y mantiene bajo reserva los detalles que permitirían identificarla. No obstante, incluyó una petición específica para ella: que las autoridades del régimen garanticen que pueda ejercer el periodismo sin amenazas, intimidaciones ni hostigamiento.

La Comisión reclama que se respete su derecho a la libertad de expresión, además de proteger su vida y su integridad física.

La periodista permanece incomunicada desde julio y su familia no ha conseguido conocer el lugar donde se encuentra ni su estado de salud, según la información presentada ante la CIDH.

La misma falta de información rodea los casos de Óscar Enrique Pérez Miranda, Francisco Javier Sevilla Carcache y T.J.J. Para todos ellos, el organismo reclama que el régimen informe dónde los mantiene, aclare las circunstancias de sus detenciones y garantice que puedan recibir visitas y comunicarse regularmente con sus familiares y abogados de confianza.

También solicitó evaluaciones médicas integrales, atención especializada y acceso a los medicamentos que necesiten. La Comisión pidió, además, que las condiciones de reclusión cumplan los estándares internacionales de derechos humanos y que se investiguen los hechos que sustentan el otorgamiento de medidas cautelares.

Según el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, con corte al 23 de octubre, EN Nicaragua existen 72 presos políticos, de los cuales 33 se encuentran en condición de desaparición forzada.