Líder de la Juventud Sandinista admitió golpizas a su expareja, intentó arreglo con dinero y consiguió librarse del juicio

El coordinador de la Juventud Sandinista en Juigalpa, Chontales, admitió las golpizas y amenazas de muerte por las que su expareja lo denunció ante la justicia. Sin embargo, su confesión fue usada como mecanismo para que las propias autoridades terminaran librándolo de enfrentar un juicio. En su última cita judicial consta que Hasel Ernesto Aguilar Lira intentó librarse de la acusación ofreciendo dinero a la víctima, pero al final consiguió que el Ministerio Público solicitara la suspensión de la persecución penal en su contra.

La Fiscalía fue determinante para favorecer al dirigente sandinista. Desde el inicio del proceso, la calificación del delito abrió la puerta a una salida alternativa al juicio: pese a la gravedad y la reiteración de las agresiones contra la joven, solo le imputó el delito de violencia psicológica leve.

Aguilar Lira, de 30 años, golpeó y amenazó de muerte en reiteradas ocasiones a Katherine Alexandra Duarte Fernández, de 23 años, entre abril y el 18 de octubre de este año en la casa donde convivían en el barrio Virgen María de Juigalpa, según consta en la acusación presentada por la Fiscalía.

Un militante sandinista de Juigalpa, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que la calificación del delito formó “parte de la estrategia que planificaron para favorecerlo y dejar el caso en la impunidad de manera disfrazada, con la admisión de hechos”.

Audiencia modificada para beneficiar al acusado

El pasado martes 17 de noviembre, Aguilar Lira compareció ante Arlen del Socorro Mejía Corea, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Violencia de Chontales. Estaba prevista una audiencia de anticipo jurisdiccional de prueba. Sin embargo, a petición de la defensa del dirigente sandinista, la jueza modificó el objeto de la comparecencia y la convirtió en una audiencia de control de legalidad de la mediación, en la que la Fiscalía solicitó la suspensión condicional de la persecución penal.

La fiscal auxiliar de Chontales, Stacy Magdalena Lazo Rodríguez, fue quien expuso los términos del acuerdo. Según el acta judicial, Aguilar Lira aceptó, de manera libre y espontánea, “la veracidad de los hechos que le fueron imputados por parte del Ministerio Público”.

La jueza admitió el acuerdo de admisión de hecho y la suspensión de la persecución penal con el supuesto objetivo de “buscar una solución alterna al conflicto entre las partes”. A la vez  estableció un periodo de prueba de ocho meses.

Durante ese tiempo, el dirigente sandinista deberá recibir un mínimo de ocho sesiones de terapia psicológica, con el propósito de mejorar el control de la ira, modificar su conducta violenta y evitar la reincidencia.

Entre las condiciones del acuerdo figuran la prohibición de portar armas, consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas y frecuentar establecimientos donde se venda licor o haya juegos de azar.

Aguilar Lira también deberá mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de la víctima, abstenerse de acudir a su domicilio, centro de trabajo o lugares que ella frecuente y evitar cualquier comunicación, incluso por medios electrónicos o a través de terceras personas.

El Ministerio Público advirtió que, si el acusado incumple injustificadamente las condiciones impuestas, solicitará la revocación de la suspensión del proceso.

La víctima rechazó los 40.000 córdobas

El acuerdo contemplaba el pago de 40.000 córdobas a la víctima en concepto de reparación de los daños. Sin embargo, la joven rechazó la cantidad ofrecida.

“No estoy de acuerdo con la entrega de la cantidad de cuarenta mil córdobas, no voy a recibir esa cantidad”, respondió cuando la jueza le preguntó si aceptaba los términos del acuerdo.

La representante del Ministerio Público aclaró que la víctima conserva el derecho de ejercer una acción civil para reclamar el resarcimiento de los daños.

Seis meses de violencia y amenazas de muerte

La acusación de la Fiscalía describe una sucesión de agresiones físicas, insultos y amenazas de muerte que se prolongaron durante seis meses.

De acuerdo con el expediente, Duarte Fernández inició una relación sentimental con Aguilar Lira en octubre de 2025. En abril de este año, el dirigente sandinista comenzó a golpearla con los puños, después de que la joven descubriera que le era infiel.

Tras agredirla, el coordinador de la Juventud Sandinista le pedía perdón y la responsabilizaba de los golpes que recibía, bajo el argumento de que ella lo provocaba.

Las agresiones continuaron hasta que, el 7 de septiembre, Duarte Fernández decidió poner fin a la relación. La ruptura, sin embargo, no detuvo la violencia. El dirigente sandinista insistía en que retomaran la relación y, ante la negativa de la joven, la golpeaba, insultaba y amenazaba de muerte.

El 18 de octubre, después de sufrir una golpiza, la joven acudió a la Policía a denunciarlo. Tres días después, el Ministerio Público presentó la acusación por violencia psicológica leve.