El recorte de Rosario Murillo arrasa con 37.982 plazas en el Estado, pero dispara en un 11 % los cargos directivos

El plan de “reestructuración” que Rosario Murillo lanzó en agosto de 2024, ya eliminó cerca de 38.000 puestos de trabajo en todo el Estado —incluidos casi 4.000 maestros y trabajadores de salud en el Gobierno Central—, pero al mismo tiempo ha aumentado en más de 500 plazas los cargos directivos.

El régimen sigue despidiendo, pero no elimina la burocracia, por el contrario, aumenta los cargos de dirección. Así lo evidencia un análisis de datos de DESPACHO 505 basado en las estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los propios anuncios salariales de la vocera del régimen Rosario Murillo.

El aparato estatal nicaragüense ha perdido 37.982 trabajadores desde agosto de 2024 —una contracción del 22,34 % de su fuerza laboral— bajo el silencio oficial de un proceso de despidos que continúa activo.

El pasado 26 de octubre, al informar que la planilla de noviembre se pagaría por adelantado el viernes 30 de octubre, Murillo detalló que el desembolso cubriría a unos 132.000 servidores públicos. Esa cifra contrasta con los 169.982 trabajadores que el mismo Estado reportaba en agosto de 2024.

En esa fecha, Murillo anunció el inicio de una “reestructuración” y “autoevaluación” institucional bajo el argumento de “promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”. Aquella orden estuvo precedida por una circular de Hacienda que congeló las nuevas contrataciones.

La tijera cae sobre maestros y médicos, pero suben las jefaturas

Aunque el discurso oficial justificó el recorte como una medida de eficiencia administrativa, los datos analizados por DESPACHO 505 revelan que la reducción no apuntó a la burocracia, sino a servicios directos a la población.

La planilla del Gobierno Central pasó de 111.980 empleados en agosto de 2024 a 106.306 al cierre de septiembre de 2026, una baja neta de 5.674 puestos (-5,07%).

La Docencia ha perdido 2.734 maestros al caer de 50.118 a 47.384 plazas (-5,46%). 

El sector Salud se ha reducido en 1.249 puestos, bajando de 21.176 a 19.927 trabajadores (-5,90%).

El personal técnico-científico disminuyó en 910 plazas, pasando de 11.191 a 10.281 (-8,13%).

En contraste con el recorte en la base operativa, las estadísticas oficiales muestran que la categoría de Dirección fue una de las únicas que registró crecimiento real durante este periodo: sumó 518 nuevos cargos directivos (+11%), al pasar de 4.699 a 5.217 jefaturas tras un salto abrupto ocurrido en noviembre de 2025.

Tres oleadas de despidos y el golpe fuera del Gobierno Central

El cotejo de las cifras también permite dimensionar dónde se concentró la mayor parte de la reducción estatal. Mientras la planilla de Hacienda contabiliza únicamente al Gobierno Central (que incluye a todos los ministerios), el universo de 132.000 trabajadores anunciado por Murillo engloba además a los entes descentralizados, instituciones autónomas, empresas estatales y a los otros tres poderes del Estado además del Ejecutivo que ostenta la Presidencia.

Al restar las 5.674 bajas netas del Gobierno Central al recorte global de 37.982 plazas, los números indican que 32.308 empleos eliminados (el 85% del total) se ejecutaron fuera del Gobierno Central, en entidades autónomas, alcaldías y los poderes Judicial, Legislativo y Electoral.

Dentro del Gobierno Central, la reducción se desarrolló en tres etapas: una primera oleada de 2.419 bajas en el último cuatrimestre de 2024, una fase de relativa estabilización durante 2025 y una nueva aceleración de 2.671 recortes en los primeros nueve meses de 2026, confirmando que la “barrida” sigue en marcha.

Opacidad fiscal y control político del empleo

El recorte masivo ocurre en un contexto en el que el Estado —financiado con los impuestos de los nicaragüenses— se consolidó como el principal empleador del país y donde el régimen ha utilizado las plazas públicas como una herramienta de control, premio o castigo político bajo criterios partidarios.

A pesar de la magnitud de los despidos y de que el salario piso para el Gobierno Central y Municipal fue fijado en 7.716 córdobas tras el reajuste del 4 % aprobado en marzo de 2026, las autoridades nunca admitieron atravesar una crisis financiera al lanzar el plan en 2024. Tampoco han presentado una proyección verificable sobre el ahorro fiscal acumulado ni cuándo concluirá la reducción de la nómina estatal.