Avanza el plazo de la OEA para buscar diálogo con Ortega y Murillo entre el silencio y dudas sobre su alcance

Casi dos semanas después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) instalara el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, el plazo de 30 días para entablar un diálogo “rápido y directo” con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en medio del silencio oficial, sin que se conozcan gestiones concretas ni señales de apertura desde Managua.

Mientras corre esa cuenta regresiva, analistas y opositores coinciden en que la misión diplomática tendrá resultados limitados frente a un régimen cerrado a cualquier transición, y advierten que el previsible rechazo de Ortega debe desembocar en sanciones y revisión de beneficios comerciales en lugar de paralizar la acción internacional.

La OEA activó este mecanismo luego de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habrá más elecciones, un anuncio seguido por una reforma constitucional para prohibir la participación electoral de los opositores declarados “traidores a la patria”.

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Tras la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada el 2 de octubre, la conformación del grupo el pasado 3 de noviembre agotó los primeros 30 días del calendario diplomático. 

El Grupo quedó integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, combinando gobiernos de línea firme frente a las violaciones de derechos humanos con países que han buscado mantener canales de mediación.

Ahora transcurre una segunda ventana de 30 días —hasta completar el plazo máximo de 60 días fijado en la resolución de octubre— para que los diez países evalúen si Managua cumple con sus exigencias.

Piden la liberación incondicional de los presos políticos, el cese del estado policial, la anulación de los despojos de nacionalidad, la devolución de bienes confiscados y garantías para elecciones libres.

Vencido ese término a inicios de diciembre, el grupo deberá presentar ante los cancilleres recomendaciones de “acciones diplomáticas y jurídicas concretas” que no impliquen el uso de la fuerza, al amparo de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Un “régimen sultánico” cerrado a la OEA

Para el académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Murillo, el margen de maniobra de la comisión ministerial es prácticamente nulo.

“No veo posibilidades mayores de que puedan lograr algo concreto que sería, de acuerdo al objetivo de la OEA, restablecer la democracia en Nicaragua y celebrar elecciones con la participación de la oposición. Eso no se va a dar”, dijo Murillo a la agencia EFE.

El especialista costarricense definió a la dictadura como “un régimen sultánico” que conserva el control del Ejército, ha desmantelado a la oposición, se considera “inmune a muchas cosas” y carece de interés en abrir espacios políticos.

A juicio de Murillo, Ortega y Murillo ni siquiera autorizarán el ingreso a Nicaragua del grupo ministerial, al tratarse de una delegación enviada por un organismo al que Managua ya no pertenece ni reconoce “y que, como lo dice Ortega, forma parte del imperio”.

El diálogo como trampa y la exigencia de presión comercial

Desde el exilio, el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga subraya que la oposición no espera “gestos de buena voluntad de Ortega y Murillo”.

Según el excarcelado político, el historial de la pareja dictatorial demuestra que “han utilizado repetidamente el diálogo como una herramienta de manipulación: se sientan cuando necesitan ganar tiempo, prometen cuando necesitan aliviar presiones y desconocen sus compromisos cuando creen que han recuperado el control”.

“Conocemos demasiado bien a Ortega y Murillo como para creer que una nueva resolución internacional, por sí sola, hará entrar en razón a una pareja que ha convertido al Estado nicaragüense en un instrumento de dominación familiar”, razonó Maradiaga.

El líder opositor planteó que el Grupo Ministerial debe servir para articular una estrategia hemisférica que combine presión política, diplomática y económica, con costos directos por la represión e incentivos verificables ante una apertura real.

“Si se niegan a dialogar, esa negativa debe tener consecuencias. No podemos permitir que su falta de cooperación se convierta en una especie de derecho de veto sobre la actuación internacional”, advirtió.

En ese escenario, Maradiaga señaló que “Estados Unidos tiene instrumentos económicos importantes, incluyendo la posibilidad de revisar selectivamente los beneficios comerciales que favorecen a sectores vinculados al régimen” y recordó que “también existen mecanismos de sanciones específicas, restricciones financieras y acciones diplomáticas multilaterales”.

La ausencia centroamericana

Por su parte, el economista y exdiputado Enrique Sáenz sostuvo que la trayectoria reciente del régimen deja poco espacio para expectativas diplomáticas.

“A estas alturas Ortega ha demostrado de manera pública y notoria dos determinaciones: primero, su voluntad de aferrarse al poder, literalmente, a sangre y fuego” y, en segundo lugar, su empeño por instaurar una dinastía familiar. 

“Con estos antecedentes es ilusorio pensar que Ortega se moverá con solo gestiones diplomáticas”, añadió.

Sáenz apuntó además un vacío geopolítico en la arquitectura del grupo creado en Washington. A su criterio, “la conformación del grupo de la OEA nació con una debilidad congénita: salvo Costa Rica, no se integró ninguno de los miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Brillan por su ausencia El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá. ¿Cuáles son las razones de estas ausencias?”, cuestionó.

Ante ese panorama, el exlegislador concluyó que “Ortega no se moverá un centímetro sin presiones reales y salvo Estados Unidos, ninguno de los integrantes del grupo dispone de mecanismos de presión que puedan mover la voluntad del dictador”.

(Con información de EFE).