Comité para la Protección de Periodistas: Régimen atentó contra el periodismo independiente en cuatro etapas

Según el organismo, los riesgos pasaron de las heridas recibidas en la cobertura de protestas y el acoso y las amenazas a los periodistas en las redes sociales y en los medios oficialistas, a las detenciones arbitrarias, los allanamientos de medios informativos, la vigilancia y hasta el encarcelamiento de periodistas.

El periodismo independiente de Nicaragua sufrió desde abril 2018 a finales una ola de atentados que, de acuerdo con un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), sucedieron en cuatro etapas: violencia y protestas; intimidación y amenazas, vigilancia gubernamental y órdenes judiciales; y arrestos. “De cierta forma, la prensa fue un blanco fácil”, señala el organismo internacional.

“Cuando las protestas estallaron en Nicaragua en abril de 2018, desde un principio quedó claro que los medios informativos nacionales serían un campo de batalla. Apenas un día después del comienzo de la crisis, el Gobierno les ordenó a las empresas de TV por cable interrumpir las señales de como mínimo cinco canales. Para finales de año, el CPJ había documentado ataques, arrestos e inclusive operativos de vigilancia contra periodistas·”, reza el inicio del informe.

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El organismo hace hincapié en cómo los riesgos pasaron de las heridas recibidas en la cobertura de protestas y el acoso y las amenazas a los periodistas en las redes sociales y en los medios oficialistas, a las detenciones arbitrarias, los allanamientos de medios informativos, la vigilancia y hasta el encarcelamiento de periodistas, dos de los cuales –-Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el director y la jefa de Información, respectivamente, de 100% Noticias— permanecieron casi seis meses en prisión.

Periodistas de los pocos medios independientes que quedaban, como el sitio web de noticias Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro; o Radio Darío, que desde 1959 ha transmitido su señal desde la noroccidental ciudad de León, declaraban al CPJ que tenían libertad para informar siempre y cuando no sobrepasaran ciertos límites, como criticar abiertamente a los dirigentes del Gobierno.

El Comité reseñó que el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, a cargo de la vocería del Gobierno, han afianzado desde que llegaron al poder en 2007 el control sobre los medios independientes, a la vez pone en evidencia cómo la mayoría de los cabales de televisión y los principales periódicos son propiedad de familiares de los gobernantes o aliados de estos. “El CPJ ya había documentado cómo pocos medios se atrevían a informar de manera crítica sobre el Gobierno por temor a las presiones”, dice.

En primera etapa, CPJ identificó que los periodistas, en particular los reporteros gráficos, a menudo se encontraron en la línea de fuego durante el estallido inicial de las protestas. “Cuando líderes estudiantiles y activistas llenaron las calles en abril y mayo, reporteros gráficos como Inti Ocón, de Agence France-Press, describían cómo tenían que esquivar a agentes policiales que disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. En León, partidarios del Gobierno incendiaron la sede de Radio Darío”.

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En esta fase también documentó la muerte del periodista Ángel Gaona, en Bluefields. La segunda etapa consistió en las críticas que funcionarios locales hacían a periodistas en programas de emisoras progubernamentales, y en algunos casos divulgaban su dirección particular y el nombre de sus hijos, “y la Policía constantemente paraba a los periodistas para interrogarlos sobre su trabajo”. En este caso, se mencionó el exilio de más de 50 periodistas.

La tercera etapa registra las denuncias de periodistas quienes denunciaron que cuando viajaban de una ciudad a otra para una cobertura informativa se encontraban con agentes policiales que los paraban y los interrogaban acerca de su trabajo, les confiscaban los dispositivos electrónicos o les advertían que no regresaran. Sobre la cuarta etapa el organismo dijo: “Hacia finales de 2018, el CPJ constató que los periodistas eran detenidos cada vez por períodos más largos y, luego de varios allanamientos que las autoridades llevaron a cabo en diciembre, dos periodistas fueron encarcelados y muchos más se vieron obligados a marchar al exilio”.

El CPJ se refiere a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau a quienes el régimen encarceló por más de seis meses y mantuvo en celda de alta seguridad. A fines de año, dice el organismo, las estadísticas en materia de libertad de prensa en Nicaragua eran sombrías: un periodista muerto, dos encarcelados, decenas en el exilio o escondidos, muchos medios informativos cerrados o censurados.