El régimen reforma la DGI y Aduanas para imponer codirectores en los brazos recaudadores del Estado
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma a la Ley 339, para eliminar la figura del “Director General” en la Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) e instaurar el modelo de «Codirectores Generales» nombrados directamente por la Presidencia.
La reforma oficializa una intervención institucional que ya operaba de facto. Desde mediados de este año, la Procuraduría General de la República (PGR), dirigida por Wendy Morales, asumió en la práctica el control operativo y estratégico de los ingresos fiscales y aduaneros, desplazando el poder de las jefaturas tradicionales.
Las modificaciones a los artículos 9, 12 y 13 de la legislación establecen que la Dirección Superior, la administración y la representación legal de ambas entidades recaerán de forma compartida en los codirectores, quienes deberán rendir cuentas sobre su Plan Estratégico y Operativo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
En su exposición de motivos, Ortega y Murillo justifican la medida como un “proceso continuo de modernización y reorganización administrativa”, argumentando que busca garantizar “los principios de eficacia, eficiencia y optimización institucional” para responder a las demandas del desarrollo económico.
Cambios recientes y el peso del terrorismo fiscal
La reestructuración ocurre poco después de movimientos clave en la cúpula recaudadora. En agosto pasado, el régimen nombró a Walter Petters Cuadra como nuevo titular de la DGI, tras la repentina “renuncia” de Martín Gustavo Rivas Ruiz, quien controló la institución durante 15 años.
Petters es un antiguo cuadro del MHCP y miembro del Banco de Fomento a la Producción (BFP). Con la nueva ley, deberá compartir el cargo, previsiblemente con una funcionaria para cumplir con el modelo de paridad de género.
En el caso de la DGA, la entidad es dirigida desde 2007 por Eddy Francisco Medrano Soto, quien también pasará a estar sometido al nuevo esquema de codirección.
Para el sector privado, ambas instituciones representan el núcleo de la presión financiera del Estado.
Empresarios, importadores y contribuyentes han señalado a la DGI y a la DGA como la punta de lanza de un sistema extorsivo diseñado para exprimir los recursos del sector privado mediante auditorías implacables, reparos fiscales y ajustes por dudas de valor. La instauración de las codirecciones y el tutelaje de la Procuraduría consolidan el control político directo del Ejecutivo sobre las herramientas de fiscalización y sanción económica en el país.
