Cuarto recurso contra la Amnistía orteguista y la Corte sigue sin pronunciarse

La Corte Suprema de Justicia recibe los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, pero los engaveta. Los Defensores del Pueblo sostienen que la norma garantiza impunidad y viola el derechos a la justicia que tienen todos los ciudadanos.

Abogados agrupados en la organización Defensores del Pueblo presentaron esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que Daniel Ortega ordenó aprobar a sus diputados en la Asamblea Nacional, y que según los expertos garantiza impunidad a los autores de los crímenes cometidos a partir de abril de 2018 y le niega el acceso a la justicia a las víctimas.

Es el cuarto recurso que se introduce ante las autoridades de Justicia, ninguno ha sido contestado.

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El abogado Julio Montenegro sostiene que existen suficientes elementos para que la Ley de Amnistía sea declarada nula, en principio porque se contradice el artículo 46 de la Constitución Política referido a la obligación del Estado de tutelar y garantizar los derechos ciudadanos, además violenta los acuerdos y tratados en materia de Derechos Humanos de los que Nicaragua es suscriptora.

El caso de la estudiante de Medicina Rayneia Lima es un claro ejemplo que cómo la amnistía es utilizada como un instrumento para la impunidad: “Una persona (Pierson Gutiérrez Solís) admitió que cometió el ilícito, andaba con un arma de guerra, ultimó a esta persona, tenía todas las condiciones para que se estimara que era un asesinato y sin embargo, a pesar que esta persona  dijo que estaba realizando una labor común se le atribuyó como que era un hecho político y se le aministió”, criticó.

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Montenegro enfatiza que la amnistía orteguista “violenta las aspiraciones de justicia”, porque “aparentemente esta ley ha sido creada para perdonar y olvidar”.

“Eso no tiene razón de ser”, remarca Montenegro al señalar que el Estado tiene la obligación de resarcir los daños les provocó a las personas que fueron víctimas de procesos políticos y que sufrieron golpizas y encierro.

“El Estado de Nicaragua está violentando la Carta Magna, la está transgrediendo de manera abierta y se ha vuelto una usanza que se quieran transformar las leyes aun en contra del espíritu de la Constitución”, subrayó el abogado.

La organización Defensores del Pueblo informó que pondrán en conocimiento del paso que han dado a la Conferencia Episcopal y a los organismos nacionales e internacionales que siguen de cerca las violaciones a los derechos humanos que se registran en Nicaragua.