Expertos de la ONU urgen aplicar la jurisdicción universal ante la “imposibilidad” de justicia en Nicaragua
Ante la imposibilidad de lograr justicia dentro de Nicaragua por el control absoluto impuesto por la dictadura, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU (GHREN) instó a la comunidad internacional a no “normalizar” la crisis y a utilizar vías excepcionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la jurisdicción universal para procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Durante una actualización oral presentada este martes ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, advirtió que el Estado de derecho en Nicaragua ha sido reemplazado por un “sistema de gobierno personalizado”, donde el Poder Judicial opera como un mero instrumento de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“En las condiciones actuales, la rendición de cuentas por graves violaciones de los derechos humanos dentro de Nicaragua es, en la práctica, imposible”, sentenció Simon.
Frente a este cierre de los mecanismos internos, el experto recalcó que los tribunales internacionales son ahora indispensables.
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“Entre ellos se encuentran la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, cuando proceda. Los Estados también deberían considerar, siempre que sea posible, el ejercicio de la jurisdicción universal”, demandó el presidente del Grupo de Expertos.
Esta figura legal permitiría a tribunales de otros países investigar y juzgar a los altos mandos del régimen si ingresan a sus territorios, independientemente de dónde se hayan cometido los delitos.
El blindaje de los “copresidentes” y la normalización del terror
Simon fundamentó esta petición repasando el grave deterioro institucional y represivo que sufre el país.
Destacó las recientes reformas constitucionales y electorales diseñadas para colocar todas las funciones del Estado bajo el control de los “copresidentes” —Daniel Ortega y Rosario Murillo— y garantizar que la oposición política nunca pueda alcanzar el poder mediante elecciones.
En su exposición ante la Asamblea General, el GHREN reiteró que las violaciones documentadas responden a una política de Estado que utiliza el miedo como instrumento de gobierno y la corrupción como vía para financiar la represión.
Como evidencia del extremo de letalidad que ha alcanzado el sistema represivo y las desapariciones forzadas, el experto expuso ante la comunidad internacional la muerte bajo custodia del líder miskito Brooklyn Rivera ocurrida hace cinco meses, calificándola como una consecuencia «directa, previsible y evitable» del accionar del Estado.
“La comunidad internacional no debe permitir que la situación en Nicaragua se normalice. Sin rendición de cuentas, el ciclo de violaciones seguirá”, advirtió Simon en su cierre, exigiendo el cese inmediato de las desapariciones, revelar el paradero de las víctimas y liberar de forma incondicional a todos los presos políticos.
