CIDH exige al régimen revelar el paradero de dos secuestradas por la Policía desde julio

Más de tres meses después de que agentes de la Policía del régimen se las llevaran de sus viviendas, las familias de Ana Marcela Valverde Cisne y María Dolores González Martínez siguen sin saber dónde están ni en qué condiciones permanecen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige a las autoridades que revelen su paradero y adopten medidas urgentes para proteger sus vidas.

Mediante la Resolución 86/2026, aprobada el 24 de octubre, el organismo otorgó medidas cautelares a ambas mujeres al considerar que enfrentan una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.

Valverde Cisne fue detenida el 14 de julio en su vivienda de León y González Martínez de 55, ese mismo día, en Managua. Según la información presentada ante la CIDH, los arrestos fueron ejecutados por agentes policiales.

Desde entonces, sus familiares han acudido a la Delegación Policial Departamental de León, a cinco distritos policiales de Managua, a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, y al Establecimiento Penal Integral de Mujeres, sin conseguir que les den información sobre su situación.

La incertidumbre se agrava porque ambas padecen enfermedades que requieren atención médica permanente. La CIDH advirtió que no existen garantías de que estén recibiendo los medicamentos y tratamientos necesarios durante su prolongada incomunicación.

El silencio del Estado ante la CIDH

En un comunicado, la CIDH informa que las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no respondieron a las solicitudes de información enviados por el organismo durante la tramitación del procedimiento.

La CIDH exigió al Estado precisar si ambas mujeres se encuentran bajo su custodia, identificar sus lugares de reclusión e informar sobre las circunstancias de los arrestos, los delitos por lo que fueron privadas de libertad e identificar a las autoridades judiciales responsables de sus casos.

Además, reclamó que se permita el acceso de familiares y representantes legales, se realicen evaluaciones médicas integrales y se garantice la atención especializada que necesiten.

16 mujeres presas

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, reporta 16 mujeres presas políticas. En el grupo se encuentran dos menores de edad, dos mujeres adultas mayores y mujeres con diversos padecimientos de salud, incluida una paciente con cáncer. En ningún caso se tiene certeza de que en la situación de prisioneras políticas se les garantice el acceso a medicinas y seguimiento médico.

De acuerdo esta plataforma, los reos de conciencia sufren racionamiento de alimentos y agua, lo cual agrava las condiciones de calor extremo, falta de ventilación y luz natural así como las restricciones de acceso al patio y al sol a las que son sometidos.

«Estas condiciones han sido reportadas como medidas de castigo y pueden afectar la salud física y emocional de las personas detenidas. El aislamiento prolongado, la pérdida de familiares, la prohibición de asistir a funerales, la falta de visitas y las restricciones al contacto familiar profundizan sus afectaciones y reducen las posibilidades de que las familias conozcan oportunamente su estado», alerta el Mecanismo.