CSJ admite recurso contra la reforma al Código Penal que impone 90 días de cárcel por investigación

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este jueves el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, y pide que en 20 días el dictador Daniel Ortega y Gustavo Porras, presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional, presenten un informe, una decisión que sorprende a la opinión pública dado que el orteguismo mantiene control absoluto sobre todos los poderes del Estado.

Los recursos de inconstitucionalidad contra esta norma fueron interpuestos por el abogado José Antonio López, de la organización Defensores del Pueblo; Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Georgina del Socorro Ruiz y otros más que de los que desconocen sus nombres. El jurista López, manifestó que ellos recurrieron contra la ampliación del plazo de detención, el cual pasó de 48 horas hasta 90 días. "Nosotros alegamos que es inconstitucional", expuso y ejemplificó que muchos países incluyendo a Venezuela tienen plazo de 48 horas.

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"Nosotros estamos complacidos (con la admisión de los recursos) porque realmente son leyes de mucho interés nacional y que se está ocupando para hacer acciones que son contrarias a la Ley", manifestó López.

En la reforma al Código Procesal Penal, los parlamentarios sandinistas introdujeron dos nuevos términos: el de “Investigación Complementaria” y el de “Audiencia Especial de Tutela y Garantías Constitucionales” en el proceso de investigación policial de un detenido. Así, la Policía Orteguista podrá mantener en prisión a un ciudadano, aun cuando no existan pruebas, mientras que la Fiscalía se encargará de solicitar al juez la ampliación del plazo cuando se haya vencido las 48 horas de ley que establece la Constitución.

Precisamente esto es que han aplicado a los seis aspirantes a la Presidencia y a más de 21 líderes de la oposición detenidos por la dictadura. "Les hacen las Audiencia Especial de Tutela y Garantías Constitucionales y los tienen presos por 90 días, en dichas audiencias no están presentes sus abogados defensores", denuncian los abogados defensores.

En un estudio que hizo el Cenidh sobre esta reforma, señaló que el plazo de detención será mayor, ya que son días efectivos y no calendarios. En el caso de los 90 días podrían ser al menos 116 días, pues no toman en cuenta los sábados y domingos, los feriados, asuetos, ni las vacaciones judiciales.

Este es el segundo recurso de inconstitucionalidad que admite la Corte Suprema de Justicia. Ayer miércoles, lo admitió contra la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Igual en este caso, Ortega y Porras, deben rendir un informe sobre las mismas.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE DAR TRÁMITE A ESTOS RECURSOS?

Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, explicó que ayer la CSJ le notificó que admitieron dar trámite al recurso de inconstitucionalidad que introdujo en diciembre del año pasado, en contra de la Ley de Agentes Extranjeros. "Yo siento que detrás de eso (admisión del recurso) hay una jugada, una movida para lavarse la cara frente a la opinión pública internacional, esos magistrados no merecen la más mínima credibilidad", manifestó Núñez.

Indicó que después de que Ortega y Porras rindan el informe "y con lo que ellos digan, la Corte falla y allí en ese momento la Corte puede tomar dos decisiones: o declarar inconstitucional esas leyes o decir no a lugar, no tienen razón, no se aceptan (los recursos)".

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La Ley de Agentes Extranjeros o “Ley Putin” fue aprobada el 15 de octubre de 2020 y entró en vigencia cuatro días después. Núñez comparó la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, con el caso del Cenidh, cuando le quitaron su personería jurídica, el Poder Judicial admitió el recurso, mandaron a pedir informe y desde "entonces no han resuelto nada".

También indicó que introdujeron un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Procesal Penal, el 26 marzo del presente año y la Corte tenía 15 días para hacer la notificación de admisión de trámite, pero pasaron más de tres meses y hasta hoy en horas del mediodía recibieron el escrito. Según los abogados, el documento tiene un error y es que en la segunda hoja le entregaron la página que corresponde a la notificación del doctor López de Defensores del Pueblo.

"Eso quiere decir que esta gente anda haciendo unos desastres, equivocándose porque anda en carrera. Significa que prácticamente no nos han notificado", concluyó Núñez.