Sanciones de Europa a Ortega y Murillo quedan en la cancha del Consejo Europeo

El eurodiputado español José Ramón Bauzá, dijo que para resolver la crisis en Nicaragua se necesita de voluntad política, por lo que pidió al Alto Representante de la UE, Joseph Borrell “que ejerza al máximo su autoridad y que cumpla con el mandato que se le dicta” desde el Parlamento.

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  • julio 09, 2021
  • 02:31 AM

El Parlamento Europeo demanda a la Unión Europea (UE) que “amplíe rápidamente” la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones en Nicaragua, incluidos el dictador Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo de cooperadores en las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales en el país.

El Parlamento además exige en su resolución aprobada con el voto de 629 de 705 diputados, que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) vigente entre la UE y Centroamérica, en tanto en Nicaragua no retome el cauce democrático. “Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”, sentenciaron los eurodiputados.

La adopción de estas demandas que elevarían la presión al régimen de Ortega-Murillo ya que afectarían sus finanzas, ahora depende del Consejo Europeo, que la instancia conformada por los 27 estados miembros de la Unión Europea que tiene la facultad imponer medidas restrictivas.

Asimismo, los europarlamentarios pidieron al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a operaciones ilícitas “originadas en el régimen Ortega – Murillo”.

El eurodiputado español José Ramón Bauzá, del grupo parlamentario Renew Europe, tras la aprobación de resolución este jueves, dijo que para resolver la crisis en Nicaragua se necesita de voluntad política.

Bauzá pidió al Alto Representante de la UE, Joseph Borrell “que ejerza al máximo su autoridad y que cumpla con el mandato que se le dicta” desde el Parlamento.

El europarlamentario, que es una de las voces más críticas al régimen de Nicaragua dentro de la Eurocámara, calificó el mandato aprobado como una victoria a favor de “los miles de nicaragüenses valientes que cada día plantáis cara al régimen”.

Desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua la Unión Europea ha adoptado sanciones contra seis funcionarios del régimen por su participación en las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018 y actos de corrupción.

El pasado 12 de octubre de 2020, el Consejo de la Unión Europea renovó por un año más las sanciones impuestas contra Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Luis Pérez Olivas, director de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.

EURODIPUTADOS EMPLEZAN AL RÉGIMEN

La resolución aprobada en el Parlamento Europeo también emplaza al régimen. Demandan a Ortega y Murillo poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas.

“Que garanticen el respeto de sus garantías jurídicas fundamentales, sus derechos humanos y sus derechos civiles y políticos; pide que el Gobierno aporte inmediatamente pruebas de que las personas encarceladas siguen vivasasí como de su paradero“, dice el texto.

Otras acciones que el Parlamente incluye en su resolución son el desarme de las fuerzas paraestatales, permitir las labores de las organizaciones de la sociedad civil en un entorno seguro y restablecer el diálogo como única salida a la crisis actual; así como permitir el acceso del Alto Comisionado de los derechos humanos, entre otras.

De cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, previstas para el próximo 7 de noviembre, instó a las autoridades nicaragüenses a modificar inmediatamente la Ley Electoral de conformidad con los parámetros internacionales solicitados por la OEA.

También que restablezcan el estatuto jurídico de los partidos a los que se privó de él, respeten el derecho de los nicaragüenses a elegir y ser elegidos y garanticen la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral.

“Para que el Parlamento Europeo reconozca las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo”, concluyeron los eurodiputados.

BRINDAR REFUGIO A OPOSITORES

Ante la escalada represiva del régimen contra opositores a cuatro meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, el Parlamento pide a la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua y a los Estados miembros que, cuando proceda, faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros.

La Eurocámara además respalda los esfuerzos y la labor que realiza la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua “en un entorno extremadamente complejo”. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que supervisen de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes y embajadas en Nicaragua, inclusive mediante la supervisión de juicios y visitando a críticos y líderes de la oposición en prisión o bajo arresto domiciliario.

Finalmente, el Parlamento Europeo solicita en su resolución que la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo envíe una misión de investigación a Nicaragua, en la que participe su Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, con el fin de evaluar la situación política y de los derechos humanos.

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