Denuncia: El régimen intensifica el despojo y la criminalización contra los pueblos indígenas de Nicaragua
A las invasiones de colonos, la expansión de la minería y la ganadería sobre territorios ancestrales y la explotación ilegal de recursos naturales, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumado la persecución contra quienes intentan defender las tierras indígenas. Así lo denunció este viernes el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que acusó al Estado de mantener una política sistemática de represión y despojo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
En vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, la organización, integrada por defensores nicaragüenses en el exilio, exigió justicia, protección y respeto para las comunidades indígenas del Caribe y reclamó una mayor respuesta de la comunidad internacional frente al deterioro de sus derechos.
«La Costa Caribe enfrenta una política de represión, despojo territorial y constante criminalización», advirtió el Colectivo en un pronunciamiento.
La organización denunció que la ocupación de territorios indígenas por colonos continúa mientras avanzan actividades ganaderas, madereras, mineras y agrícolas sin el consentimiento de las comunidades, pese a que esos territorios cuentan con reconocimiento legal.
La muerte de Brooklyn Rivera y las desapariciones forzadas
El organismo también puso el foco en la persecución contra los líderes comunitarios y guardabosques indígenas.
Entre los casos más recientes mencionó la muerte del dirigente miskitu Brooklyn Rivera, fallecido el 30 de mayo bajo custodia estatal, y la detención de familiares y personas cercanas que acompañaron a su familia durante las gestiones para recuperar su cuerpo.
El Colectivo demandó una investigación internacional, independiente y transparente que esclarezca las circunstancias de la detención de Rivera, las condiciones de su encarcelamiento, la atención médica que recibió y las responsabilidades por su muerte.
Asimismo, denunció que la represión también alcanza a los guardabosques del pueblo mayangna en la Reserva de Bosawás, donde, según la organización, las detenciones buscan debilitar la protección comunitaria de los bosques.
«Su criminalización pretende facilitar el despojo y el control político y económico de los territorios ancestrales», alertó.
De acuerdo con sus registros, al menos 22 indígenas han sido detenidos desde 2021 por razones vinculadas a la defensa de sus territorios.
Llamado a la comunidad internacional
En su declaración, el Colectivo afirmó que en Nicaragua los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes son ignorados mediante la centralización del poder, la criminalización de los liderazgos comunitarios, la imposición de estructuras políticas ajenas a las comunidades y el avance de actividades ganaderas, madereras, mineras y agrícolas sobre sus territorios.
Asimismo, denunció que las comunidades indígenas enfrentan privación de la vida, violencia generalizada y desplazamiento forzado, tanto dentro como fuera del país.
La organización pidió a Naciones Unidas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos mantener una vigilancia activa sobre la situación en la Costa Caribe e impulsar acciones para proteger a las comunidades, sus líderes y sus territorios.
