Gustavo Porras admite que la reforma busca impedir las elecciones en Nicaragua
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, admitió este viernes que el objetivo de la reforma constitucional, enviadas por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, busca impedir que en Nicaragua vuelva a celebrarse elecciones y bloquear que la oposición tenga la posibilidad de acceder al poder por esa vía.
Durante una nueva jornada de consultas sobre la reforma constitucional, realizada con representantes de los gobiernos regionales de la Costa Caribe, Porras reiteró que la iniciativa responde a una orientación directa de los codictadores para evitar cualquier escenario de alternancia política.
«Nos orientaron claramente que la Asamblea trabajara para garantizar que en este país no vuelvan a haber elecciones, no vuelvan a haber elecciones donde los que están agazapados, donde los enemigos busquen meterse, agarrar el gobierno y agarrar el poder para echar para atrás todos los derechos del pueblo», manifestó Porras durante la presentación de los ejes de la reforma.
Lumberto Campbell juez y parte
La sesión de consultas reunió a funcionarios y autoridades alineadas con el orteguismo, entre ellos el coordinador de la Secretaría para Asuntos de la Costa Caribe y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; los coordinadores de los gobiernos regionales Carlos Alemán y Rubén López, además de representantes de los consejos regionales autónomos.
Campbell afirmó que la reforma permitirá «levantar un dique contra el retroceso» en referencia a la oposición y sostuvo que las regiones autónomas respaldan plenamente la iniciativa para garantizar «la continuidad» de la dictadura.
Carlos Alemán, coordinadores del Caribe Norte, sostienen que la reforma constitucional fortalecerá al Estado y las instituciones, mientras que Rubén López, del Caribe Sur, considera que la dictadura ha reconocido la autonomía de la Costa Caribe y ha respaldado a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La participación de Lumberto Campbell, entre los consultados, evidencia el verdadero interés de la dictadura, de controlar la intervención de las autoridades costeñas, en un conflicto de funciones, ya que el CSE es la institución encargada de organizar y administrar los procesos electorales y aplicará las disposiciones que resulten de la reforma constitucional.
