Un reclamo por la falta de atención en el Hospital Oftalmológico de Managua terminó con un ciudadano vapuleado por guardas de seguridad del centro asistencial. El hombre había acudido al hospital para acompañar a su madre. Tras varias horas de espera, comenzó a reclamar a gritos que ella seguía sin ser atendida. La respuesta no llegó desde el área médica: un guarda de seguridad y otro vestido de civil salieron del recinto armados con garrotes y lo agredieron frente al portón principal. La agresión quedó registrada en un video grabado por otros ciudadanos.

En las imágenes se escucha al hombre reclamar que había llegado al hospital desde las siete de la mañana y que su madre seguía sin ser atendida aparentemente por la negativa del guarda de seguridad. «Desde las siete de la mañana estoy aquí y no me la atienden», se le escucha gritar mientras golpeaba el portón principal del hospital. Menos de un minuto después, el guarda de seguridad y otro hombre vestido de civil salen del recinto. Ambos llevan garrote en mano. Lo rodean, lo golpean repetidamente en las piernas y lo obligan a ingresar al hospital cojeando. La secuencia, grabada por testigos fue filtrada en redes sociales.

El video no permite reconstruir lo ocurrido antes de la protesta ni establecer cuánto tiempo llevaba esperando por la consulta. Tampoco muestra que el ciudadano portara algún arma o que agrediera físicamente al personal antes de que los guardas comenzaran a golpearlo con total ventaja.

Para el doctor José Antonio Delgado, especialista en salud pública, el episodio refleja una falla en los protocolos para atender situaciones de tensión con pacientes y expone un problema que, asegura, se ha normalizado durante décadas en el sistema público de salud.

«El maltrato en los hospitales públicos es una mala herencia que se ha venido transmitiendo de generación en generación», afirma el especialista, quien considera que la violencia contra los pacientes no se limita a las agresiones físicas, sino que también incluye las largas esperas, la falta de medicamentos, el retraso de procedimientos médicos y la ausencia de mecanismos efectivos para tramitar reclamos.

Uso de fuerza desproporcional

Delgado sostiene que, aun cuando el paciente hubiera actuado de forma alterada al golpear el portón, la respuesta del personal debía ajustarse a protocolos de contención y no recurrir al uso de la fuerza.

«El protocolo mínimo era informar a la dirección del hospital y al responsable del personal de seguridad. Luego debía salir un funcionario a escuchar al paciente y conocer el motivo de su reclamo», explica.

A su juicio, la situación podía resolverse sin el empleo de la violencia. «La queja del paciente era que quería entrar. Se le escucha, se le explica la situación, se le ofrece una respuesta y se administra la queja», señala.

El especialista también cuestiona que un guarda de seguridad portara un garrote dentro de un hospital. Según explica, el video muestra que el paciente se encontraba fuera del centro asistencial y desarmado, por lo que considera que no existía una amenaza inmediata que justificara ese nivel de fuerza.

Delgado descarta además que la sobrecarga laboral del personal sanitario pueda utilizarse como justificación para este tipo de hechos. «Puede ser un atenuante, pero nunca una justificación», sostiene.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio el trato que reciben los usuarios del sistema público de salud en Nicaragua. Organizaciones médicas y pacientes han denunciado durante años deficiencias en la atención, largas esperas y la inexistencia de mecanismos independientes para investigar denuncias de maltrato dentro de los hospitales.

En este caso, la agresión quedó registrada en video y circula en redes sociales como prueba de los malos tratos a los que se exponen los pacientes en los hospitales públicos del país.

Ciudadanos reprueban servicio de salud pública

La agresión ocurre en un contexto de creciente deterioro de la percepción ciudadana sobre el sistema público de salud de Nicaragua. La más reciente Consulta Ciudadana de Hagamos Democracia revela que el 84,5% de los participantes califica la atención sanitaria como mala o muy mala, frente al 15,4% que la considera buena o muy buena.

La valoración negativa aumentó 3,3 puntos porcentuales respecto a la medición de marzo, cuando se ubicó en 81,2%.

El estudio también muestra un incremento en la percepción de politización de los servicios sanitarios. El 95,2% de los encuestados considera que la atención en los hospitales públicos está condicionada por criterios políticos, un aumento de 7,7 puntos porcentuales respecto a marzo, cuando ese indicador alcanzó el 87,5%.

La consulta fue realizada entre el 19 y el 27 de junio de 2026 mediante un formulario en línea con 54 preguntas sobre la situación política, social y económica del país. Recogió 396 respuestas válidas de participantes de 13 de departamentos para un total de 36 municipios y los cuatro distritos de Managua. Hagamos Democracia aclara que el estudio tiene un diseño descriptivo y no probabilístico, por lo que sus resultados reflejan las percepciones de las personas participantes y no son estadísticamente representativos de toda la población nicaragüense.