Abogada de la CPDH es liberada, pero mantienen proceso judicial

La abogada María Oviedo de la CPDH enfrentará un juicio porque según la Fiscalía abofeteó a un oficial de la Policía Orteguista “con la intención de obstruir sus funciones”, aunque las intenciones como tal no están castigadas por la Ley. Oviedo rechaza todas las acusaciones.

La abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue enviada a juicio este domingo por supuesta obstrucción de funciones contra el oficial Óscar Danilo López, jefe de la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía Nacional (DAEM) de la ciudad de Masaya.

Nalia Nadezdha Úbeda Obando, titular del Juzgado Tercero Local Penal de Managua, programó la audiencia inicial de juicio para el próximo 7 de agosto y decretó medida cautelar alterna a la prisión preventiva, por lo que el equipo legal de la CPDH se trasladará a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) para que sea liberada.

Oviedo no podrá salir del país mientras enfrente el proceso, deberá presentarse a los juzgados todos los martes, pero podrá seguir ejerciendo sus funciones como defensora de derechos humanos.

La jueza a cargo de la causa es la misma con la que tuvo fuertes contradicciones cuando asumió la defensa del maratonista Alex Vanegas.

NO HAY DELITO

La defensora de derechos humanos María Oviedo fue detenida el pasado viernes en la estación policial de Masaya cuando daba acompañamiento a una cita que recibió el exreo político Cristian Fajardo para renovar su permiso de portación de armas.

La abogada Leila Prado, quien asumió la defensa de Oviedo, explicó que en la relación de hechos la Fiscalía detalla que se dio una discusión entre Oviedo y el jefe policial porque este se negó a entregar el permiso de portación de armas a su representado.

La relación de hechos indica que la doctora Oviedo “con la intención de obstruir las funciones procede a darle una bofetada” al oficial de la Policía. Sin embargo, su Defensa critica que las “intenciones” no están castigadas por la Ley.

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DENUNCIAN VIOLENCIA

La CPDH sostiene que la abogada fue detenida con violencia y habría sido manoseada por el policía, por lo que Oviedo habría reaccionado en legítima defensa.

La abogada Leila Prado denunció agresión física contra su compañera y dijo que fue interrogada por más de 24 horas.

La detenida fue trasladada de Masaya a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. El hecho que sea procesada en Managua y no en Masaya donde se desarrollaron los hechos y que la causa haya sido remitida a la jueza Nalia Úbeda, es visto como una venganza política por parte del equipo de la CPDH.

“Es una arbitrariedad que haya sido acusada por defenderse como mujer, y como abogada al ser agredida por un oficial de la Policía. Esperamos que la autoridad judicial actúe conforme a Ley y no conforme a otras razones”, dijo Prado.

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A los juzgados de Managua se presentaron defensores de la CPDH, quienes exigen que se desestime el caso y que la abogada sea liberada.

 “Al final el agresor que fue el policía debería estar siendo investigado. Esto es parte del circo, del show mediático del Gobierno y de un poder del Estado subordinado, que no es independiente”, criticó Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH.

Los medios de comunicación independiente y parte del equipo jurídico de la CPDH no recibieron autorización para poder ingresar a la audiencia, pese a que según la Ley, deberían ser públicas.

NICARAGUA INCUMPLE MEDIDAS DE LA CORTE IDH

Con la detención y enjuiciamiento a la doctora Oviedo, el Estado de Nicaragua está incumpliendo las medidas de protección adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los trabajadores de la CPDH, para que puedan realizar su trabajo sin acoso y sin limitaciones.

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Marcos Carmona sostiene que la detención de la abogada es parte de una nueva fase represiva contra defensores de ciudadanos víctimas del régimen Ortega- Murillo, siendo esta institución la única organización de derechos humanos que todavía mantiene operaciones en Nicaragua, luego que el régimen retirara la personería jurídica, ocupara oficinas y amenazara a los miembros de otros organismos.