Nicaragua sigue siendo el país con mayor represión contra la prensa en Centroamérica, según informe

Nicaragua continúa siendo el país con el escenario más extremo para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Centroamérica, marcado por el cierre y la confiscación de medios de comunicación, la persecución judicial, el exilio masivo de periodistas y casos de persecución transnacional contra comunicadores que ya abandonaron el país, según el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y el Periodismo.

El estudio, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en conjunto con la Fundación Heinrich Böll Centroamérica, analizó la situación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

La investigación sistematizó 410 hechos relevantes, aplicó una encuesta a 110 periodistas de la región y realizó entrevistas en profundidad para evaluar el estado de la libertad de expresión y las condiciones para ejercer el periodismo.

El informe concluye que la presión contra periodistas se intensificó en los cinco países analizados, mientras las formas de hostigamiento se han vuelto cada vez más complejas. Asimismo, advierte que la autocensura se ha consolidado como un mecanismo de supervivencia profesional y que el exilio continúa expandiéndose como una realidad regional.

En el caso de Nicaragua, el estudio señala que persiste el deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico, con un contexto caracterizado por el cierre y confiscación de medios independientes, procesos de persecución judicial, el desplazamiento forzado de comunicadores y nuevas formas de persecución dirigidas incluso contra quienes ejercen el periodismo desde el exilio.

El informe también identifica que las presiones contra la prensa ya no se manifiestan únicamente mediante agresiones directas, sino que ahora combinan persecución institucional, discursos de estigmatización, hostigamiento digital, restricciones administrativas y mecanismos de presión económica que limitan el trabajo de los medios de comunicación.

Además, destaca que los actores político-institucionales continúan siendo la principal fuente de presión e intimidación contra periodistas. De acuerdo con los participantes en la encuesta, los principales responsables de estas acciones son presidentes, autoridades gubernamentales y simpatizantes de partidos políticos.

«Particularmente alarmante es que, en muchos casos, son los propios actores estatales quienes se configuran como la principal fuente de estas prácticas de silenciamiento. Esta situación no solo compromete gravemente las garantías para el ejercicio del periodismo, sino que también debilita los principios democráticos y el Estado de derecho en la región», afirmó la coordinadora del Proledi, Giselle Boza.

El informe agrega que la autocensura se ha convertido en una estrategia para reducir riesgos personales y laborales, mientras que el exilio de periodistas sigue creciendo, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde cientos de comunicadores han tenido que abandonar sus países para proteger su vida o su libertad.

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En contraste, el estudio señala que Costa Rica mantiene un marco jurídico e institucional que continúa funcionando como contrapeso democrático, aunque advierte un aumento de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la prensa, así como un desplazamiento desde la estigmatización discursiva hacia formas más complejas de presión institucional.

Con información de EFE.