Capturan al hombre que asfixió a joven en Nueva Guinea, ocultó su cuerpo y lo lanzó a una laguna

Después de asfixiar a Marina Vanessa Rodríguez González, de 18 años, Pedro Juan Angulo Icabalceta introdujo el cuerpo en un saco, lo trasladó hasta una laguna artificial, le provocó varias heridas con un cuchillo y finalmente lo arrojó al agua para intentar ocultar el crimen. Pese a la violencia extrema con la que fue asesinada la joven, la Policía del régimen presentó el caso como un homicidio motivado por «rencillas personales», una justificación que invisibiliza la violencia machista al reducir el crimen a un conflicto individual y excluirlo de la categoría de femicidio, cuya aplicación el régimen limita casi exclusivamente a los casos en que existe o existió una relación de pareja entre víctima y agresor.

La Policía informó sobre la captura de Angulo Icabalceta, de 56 años, señalado como el principal responsable del asesinato de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado flotando el pasado 12 de julio en una laguna artificial de la Zona 7 del municipio de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

En conferencia de prensa, la comisionada sandinista Karen Obando, de la «Cojefatura» de Relaciones Públicas de la Policía, presentó los resultados de la investigación y no dejó margen a dudas sobre los indicios que motivaron la captura de Angulo Icabalceta. Dio el caso como «esclarecido».

De acuerdo con la versión oficial, el hallazgo del cadáver fue reportado la mañana del domingo 12 de julio mediante una llamada al Centro de Emergencias 118. Familiares de la víctima acudieron al lugar e identificaron el cuerpo como el de Marina Vanessa Rodríguez González.

El dictamen del Instituto de Medicina Legal, citado por la Policía, estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, los forenses determinaron que el cuerpo presentaba heridas de arma blanca en la región abdominal provocadas después del fallecimiento.

La reconstrucción policial

Según la investigación presentada por la Policía, la noche del viernes 10 de julio Marina Vanessa se encontraba en la vivienda de Pedro Juan Angulo Icabalceta cuando este, motivado por «rencillas personales», la asfixió tapándole la boca y la nariz hasta causarle la muerte.

La institución sostiene que, alrededor de las 11:30 de esa misma noche, el sospechoso introdujo el cadáver en un saco rojo, lo trasladó hasta la laguna artificial donde posteriormente fue encontrado y, antes de abandonarlo en el agua, le provocó heridas con un cuchillo en el abdomen para después huir del lugar.

El martes 14 de julio, agentes policiales capturaron al sospechoso en su vivienda. Durante el operativo ocuparon un cuchillo, un pantalón que, según la Policía, contenía cabellos de la víctima y el saco rojo que presuntamente fue utilizado para trasladar el cuerpo.

Angulo Icabalceta fue remitido a las autoridades judiciales, donde enfrentará el proceso penal.

Un patrón que organizaciones cuestionan

El crimen que ha conmocionado al país por la saña con que fue ejecutado expone que la Policía invisibiliza la gravedad de la violencia machista en el país y evidencia un abordaje institucional que reduce la violencia contra las mujeres a conflictos privados, en contradicción con las obligaciones de investigar estos casos con perspectiva de género y con el discurso oficialista que sostiene que el Estado garantiza la protección de los derechos de las mujeres.

Aunque la propia reconstrucción policial describe una secuencia de violencia extrema contra una mujer y un presunto intento de ocultar el crimen, la institución volvió a clasificar el caso como homicidio y no como femicidio.

Organizaciones de mujeres han denunciado de forma reiterada que la Policía evita reconocer muchos asesinatos de mujeres como femicidios, aun cuando existen elementos que apuntan a un contexto de violencia machista. A su juicio, esa práctica reduce las cifras oficiales y dificulta dimensionar la magnitud de la violencia feminicida en Nicaragua.

El asesinato de Marina Vanessa Rodríguez González es parte de al menos 24 casos de mujeres víctimas de violencia extrema registrados este año que el Estado no registra y mantiene la preocupación de organizaciones defensoras de derechos humanos por la persistencia de estos crímenes y la falta de estadísticas oficiales transparentes sobre los femicidios en el país.