Obispos de Centroamérica piden al régimen Ortega-Murillo permitir atención médica para monseñor Abelardo Mata
El Secretariado Episcopal de América Central (SEDAC) expresó su preocupación por la situación del obispo emérito de Estelí, monseñor Juan Abelardo Mata, y solicitó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que permita el ingreso de su médico y del personal que habitualmente lo asiste, luego de que el Ministerio del Interior confirmara que el prelado está bajo investigación.
En el comunicado fechado el 10 de julio, los obispos de Centroamérica afirmaron que siguen «con gran atención» la situación de Mata, uno de los religiosos más críticos del régimen sandinista, cuya condición de salud califican de delicada.
«Expresamos nuestra preocupación por la salud de Mons. Juan Abelardo, y respetuosamente se solicita al gobierno de la República el permiso para la visita de su médico y del personal que le asiste a diario, por su condición delicada de salud», señala el pronunciamiento del SEDAC.
El organismo regional religioso reaccionó después de que el Ministerio del Interior informara, el pasado 4 de julio, que el obispo emérito de Estelí estaba siendo investigado sobre la procedencia de sus bienes, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas del proceso ni sobre su situación jurídica.
Secuestrado y desaparecido
Monseñor Abelardo Mata lleva 14 días en condición de desaparecido, después que la dictadura anunciara que investigaba al obispo emérito por la procedencia de sus bienes, y por su supuesta participación en actos que violentan las leyes de Nicaragua.
Monseñor Mata ha sido durante años una de las voces más críticas de la Iglesia católica frente a los abusos del poder de la dictadura de Ortega y Murillo, hasta convertirlo en blanco de ataques de agitadores sandinistas, campañas de desprestigio y actos de hostigamiento, especialmente después de la crisis sociopolítica iniciada en 2018.
Además, de la persecución, ataques, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, obispos y laicos, así como la expulsión de congregaciones religiosas, la confiscación de bienes e instituciones eclesiales y restricciones a las actividades pastorales.
