Alianza Cívica y FVBCH discuten protocolo de libertad de expresión para garantizar ejercicio periodístico

El protocolo de libertad de expresión contempla la devolución de los medios de comunicación confiscados, restitución de personerías jurídicas, el retorno de los periodistas exiliados y reparación a los dueños de medios comunicación destruidos por el aparto gubernamental.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) presentaron en conjunto una propuesta de protocolo que pretende garantizar el retorno seguro de los periodistas exiliados a raíz de la crisis sociopolítica, así como la devolución de los medios de comunicación confiscado por el régimen de Daniel Ortega y la restitución de las personerías jurídicas canceladas por la Asamblea Nacional.

El protocolo de Libertad de Expresión y de Información Veraz establece que “el Estado debe garantizar el irrestricto derecho de libertad de expresión, (ya que) el derecho de informar no puede estar sujeto a censura ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo previsto en la constitución y la ley o que puedan limitar el derecho de la información veraz y oportuna”.

Asimismo demandaron al gobierno permitir la importación de papel, maquinaria, equipos, repuestos y refacciones que los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, requieran conforme a la constitución.

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Tanto la Alianza Cívica como la FVBCH demandaron la devolución de los bienes, instalaciones, activos, equipos, documentos y licencias a los dueños de los medios de comunicación. El régimen de Daniel Ortega confiscó y mantiene ocupados desde diciembre del 2018, canal 100% Noticias propiedad de Miguel Mora, y Confidencial, de Carlos Fernando Chamorro.

“Los acuerdos que lo requieran serán aplicados mediante protocolo conforme a ley y eso es lo que tenemos avanzado. Un protocolo que hemos discutidos con los distintos líderes de los medios de comunicación afectados”, señaló Mario Arana, miembro negociador de la Alianza Cívica.

Arana dijo que el protocolo sobre libertad de expresión forma parte de los acuerdos suscritos por la Alianza y la delegación del gobierno de Daniel Ortega en la mesa de negociación.

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Cristiana Chamorro, presidente ejecutiva de la FVBCH, explicó que el protocolo incluirá una guía práctica de las distintas acciones que se deben tomar para el restablecimiento de la libertad prensa.

“Vamos a identificar las violaciones, vamos a revisar caso por caso. Vamos a proponer acciones que se puedan tomar, tanto el Estado como la Alianza, vamos a buscar cuales son las acciones inmediata de Estado para restituirle a todos estos medios de comunicación sus propiedades y personerías jurídicas que han sido confiscadas”, señaló.

La FVBCH levantará una lista de los periodistas en exilio, y documentará expedientes individuales sobre las razones que motivaron el exilio, además propondrán mecanismos que garanticen el retorno seguro, y reparación de aquellos periodistas, dueños de medios y programas, así como los medios de comunicación que resultaron afectados por la represión gubernamental.

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Azahaela Solís, miembro de la Alianza Cívica, señaló que “el Estado cometió una serie de violaciones y delitos, afectó distintos derechos con una sola acción el día que llegó a 100% Noticias ocuparon un bien privado, capturaron a unas personas, golpearon, afectaron la libertad de expresión, cometieron una serie de violaciones en una sola acción, igualmente pasó con Confidencia, qué pasó con radio Darío, la quemaron”, señaló Solís.

“Cada hecho que se cometió desde el 18 de abril hasta hoy relacionado con la libertad de expresión, se debe enlistar y detallar, porque esa es la única manera para poder reclamar derecho”, indicó Solís.

Agregó que en este momento se encuentran en el proceso de levantar lista de las violaciones a la libertad de prensa y en complementar el protocolo, para que en el momento que sea necesario abordarlo con el régimen de Ortega o sea abordado cuando haya un Estado responsable para el proceso de indemnización.