Exfuncionarios de la FVBCh llevan cuatro días aislados en El Chipote

Los familiares de los exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, detenidos el pasado viernes, denunciaron este lunes que no se les ha permitido visitar en el centro de detención al que fueron trasladados sin orden de captura. Su estatus es calificado como “desaparecidos” por sus abogadas.

Gómez y Fletes junto a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, son señalados por el Ministerio Público por el supuesto delito de lavado de dinero. El pasado sábado Gómez y Fletes fueron llevados a los Juzgados de Managua y los sometieron a la “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”, la cual se realizó sin la presencia de sus abogados defensores y en la que extendieron a 90 días de prisión para que la Fiscalía pueda seguir investigándolos por el presunto delito de lavado de dinero.

“Hemos señalado que se han violentado derechos y garantías constitucionales y ya se señaló también que este es un proceso que escapa de la legalidad y por lo tanto la condición de ellos hasta el momento es de desaparecido porque no tenemos constancia de su condición, de su estatus, de su estado de salud, de su condición física, tenemos desconocimiento total”, manifestó la abogada Orieta Benavidez.

La abogada agregó que el equipo defensor está analizando todas las estrategias posibles aplicables para la salvaguarda de sus derechos de los detenidos, la cual harán efectiva en las próximas horas ante los tribunales de justicia.

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El reciente fin de semana el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró improcedente un recurso de exhibición personal que introdujeron los defensores de Gómez y Fletes por la detención ilegal de la cual fueron objeto.

Este caso inició el 20 de mayo de 2021, luego que el Ministerio de Gobernación hiciera público que la FVBCH “incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", inmediatamente informaron al Ministerio Público quien abrió una investigación sobre el caso. Desde entonces han declarado una gran cantidad de periodistas y directores de medios de comunicación.

Para este martes fueron citados la periodista Patricia Orozco y el sociólogo Cirilo Otero.

"YO QUIERO VER SINO ME LO GOLPEARON"

Mientras Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, señaló que desde hace unas tres semanas sufren de asedio de parte de parte de miembros de la Policía quienes se llegaban a apostar en una venta cercana a su vivienda.

“¿Cómo me daba cuenta? A la par de mi casa hay una venta, entonces ellos se bajaban a comprar y la señora tiene unas banquitas frente a su casa y allí se llegaban a sentar y descaradamente con teléfono (grababan) y eso fue durante tres semanas”, relató la esposa de Gómez.

Añadió que los oficiales de Auxilio Judicial, desde el sábado le reciben los tres tiempos de comida para su esposo. Espera que este martes pueda verlo ya que es día de visitas.

“Yo estoy confiando en mi Dios que mañana (martes) yo pueda verlo porque yo necesito verlo, porque no sé, se lo llevaron, lo sacaron arbitrariamente de la mi casa y yo quiero ver sino me lo golpearon y qué me le están haciendo”, manifestó la esposa de Walter.  

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 Cristiana quien este lunes se presentó a denunciar el “rosario” de violaciones y atropellos que sufren ambos exfuncionarios de la FVBCH. Reitero que es un juicio político, el cual persigue inhibirla de participar en el proceso de elecciones de noviembre próximo.

“Lavado de dinero cometen aquí los que están procesados y sancionados por Estados Unidos y también los que tienen delitos de lesa humanidad encima de sus espaldas”, manifestó Cristiana.

La hija de expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, señaló que a los detenidos se le ha violado el derecho a la defensa ya que se realizó la audiencia “de forma secreta, sin la presencia de los abogados defensores a quienes habían nombrado”.

A eso se suma que tampoco hay información clara ni veraz sobre el delito que les imputan ya que “no han sido informado ni por la Fiscalía, ni por la Policía Nacional en qué consisten los cargos que le imputan”.