Ortega desata inédita y bárbara persecución contra periodistas en Nicaragua

La arremetida frontal contra periodistas independientes en Nicaragua cumple este viernes una semana. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, más de una decena de periodistas y directores de medios de comunicación son sometidos desde el 25 de mayo de 2021 a interrogatorios de la Fiscalía de la República que busca "sustentar" señalamientos de supuestos indicios de lavado en las finanzas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y por los que es señalada la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien fundó, dirigió y fue miembro de la directiva del organismo hasta su cierre en febrero pasado.

El proceso inició el pasado 20 de mayo con una denuncia del Ministerio de Gobernación (Migob) en contra de Cristiana Chamorro, exdirectora de la FVBCh y dos directivos más por supuestas anomalías en los reportes financieros en el periodo 2015-2019. La investigación se da bajo la aplicación de la Ley 997, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobada en 2018 luego de las protestas contra el régimen orteguista.

Desde el inicio de la supuesta investigación, al menos quince periodistas, además de empresarios radiales y comentaristas han desfilado por el Ministerio Público tras ser citados como testigos del caso. Los tres primeros -María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, denunciaron haber sido obligados a declarar como "imputados" por exigir el acompañamiento de sus abogados, aunque la institución no lo ha formalizado.

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Este caso marca un precedente de gran magnitud para el periodismo independiente, según valoran periodistas nicaragüenses consultados por este medio. El periodista y miembro del gremio Periodistas Independientes y Comunicadores de Nicaragua (PCIN), Sergio Marín Cornavaca, en Nicaragua "no existe ningún antecedente de una acción tan bárbara en contra del periodismo independiente. Es una acción de terrorismo de estado contra el periodismo". 

Cornavaca considera que el régimen busca dar a creer que son muchos los supuestamente implicados en la acusación de lavado de dinero. "Es una acción propagandística del sandinismo", dice.  Por su parte, la periodista Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, el precedente más reciente del régimen contra el periodismo independiente es el caso del medio que ella dirige. 

"Contra Miguel Mora y Lucia Pineda, se fueron con todo inventando delitos, robaron el canal, congelaron cuentas de Miguel y aún mantienen ocupado ilegalmente el canal así como la redacción de Confidencial", señaló Pineda. Recordó que antes del caso contra Cristiana, otros periodistas como David Quintana, Kalua Salazar, Elsa Espinoza y William Aragón han sido judicializados por casos de injurias y calumnias por su labor periodística crítica al régimen.

"Son arremetidas constantes desde 2018, a la fecha ocupan todo el aparato de intimidación y judicialización. y este mismo método de incriminar a periodistas por tener relación con la Fundación Violeta y Cristiana Chamorro, lo están aplicando", agrega. Sin embargo, es la primera vez que Ortega usa a la Fiscalía para un maratón de citaciones de periodista en una trama que tiene más tintes políticos, para inhibir a la precandidata presidencial Chamorro.

EL CÓDIGO NEGRO DE SOMOZA

El experimentado periodista Edgard Tijerino señala que desde que el régimen somocista instauró el llamado "Código Negro" para controlar a los medios de comunicación, no ha habido una arremetida tan fuerte como la de esta semana contra el periodismo independiente en el país. 

"Esta es la primera vez que veo un caso como este contra el periodismo, de forma tan abierta y despiadada. Se debe a una marcada mala intención porque es un asunto marcado a propósito. Desde el llamado Código Negro con Somoza hasta ahora veo un ataque de esa magnitud", explicó Tijerino. “El poder del régimen es absoluto y sus intenciones contra el periodismo son perversas", dice.

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Se le llamó Código Negro al Código de Radio y Televisión de Somoza, aprobado por los legisladores de Somoza en el Congreso un 10 de agosto de 1960. Ese año, Anastasio Somoza citó a los propietarios de las radios del país para leerles las nuevas normativas. "Aquí cualquier periodista está en riesgo de ser acusado de cualquier cosa porque sencillamente no presentan pruebas fehacientes, es decir, tienen todos los recursos arbitrarios para hacerlo", comentó Tijerino. 

Uno de los citados por la Fiscalía fue el exfuncionario de la FVBCh, Guillermo Medrano, quien salió como imputado del caso.  Medrano coincidió con Pineda al asegurar que antes del caso de 100% Noticias, solo habían ocurrido ataques menores contra el periodismo, pero que este en particular marca un antecedente fuerte. 

"Es un caso trascendental porque en primer lugar estamos en un año electoral, donde hay bastantes coberturas periodísticas, que se quieren evitar y porque ha ocupado la agenda de medios de comunicación y agencias defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y ha estado en primera plana en los últimos siete días", expresó Medrano. 

El exfuncionario de la FVBCh considera que la acusación trasciende a la Fundación al llamar a “desfilar” por la Fiscalía  a más de una decena de periodistas. Aunque la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su siglas en inglés), aclaró este jueves que no habían encontrado indicios de lavado de dinero en las cooperaciones con la FVBCh, las citatorias contra periodistas continúan este viernes en la Fiscalía. 

A criterio de Lucia Pineda, esta es una situación que puede elevar de tono de cara a las elecciones del 7 de noviembre.  "En 2018 fue para callarnos por exponer y documentar violaciones a derechos humanos y este año es para callar, bloquear a medios y periodistas para que no documenten el fraude electoral de Ortega", dijo. Se espera que hoy asistan periodistas de medios locales del país, que han sido beneficiados de programas de la fundación que por 20 años promovió la libertad de prensa, hasta su cierre forzada en febrero de este año para no tener que someterse a la Ley de Agentes Extranjeros.