Femicida de San Rafael del Sur podría ser el primer condenado a cadena perpetua en Nicaragua

José Antonio Castro Muñoz podría convertirse en el primer condenado a prisión perpetua en Nicaragua. La decisión está en manos de la juez Especializada en Violencia de Managua Adelayda Irías, quien el próximo 3 de junio deberá emitir sentencia en el juicio por el femicidio en perjuicio de Ingrid de los Ángeles Baltodano Pérez, de 19 años.

Castro Muñoz se declaró culpable. El crimen ocurrió el 28 de febrero de 2021 en el municipio de San Rafael del Sur, en Managua, y podría ser el primero donde se aplique la pena de cárcel de por vida, la cual fue aprobada en Nicaragua el pasado 18 de enero.

Dos días después, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal de Nicaragua y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, que establece que se aplicará la pena de prisión perpetua revisable cuando se compruebe menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o la comisión de actos de cualquier tipo de mutilación. El otro agravante es por misoginia y cuando se cometa el delito en presencia de hijos, niños y adolescentes.

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), considera que la saña, la violencia machista y la misoginia que sufrió la víctima a manos del femicidio, son causales suficientes para aplicar la pena de cadena perpetua, “y si no lo hacen, evidenciaría que la aplicabilidad de la prisión perpetua revisable quedará en papel”.

CADENA PERPETUA NO FRENARÁ VIOLENCIA MACHISTA

Maricé Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia, opina que si bien la cadena perpetua no es la respuesta que se requiere para frenar el aumento de la violencia machista en Nicaragua, la norma debe ser aplicada sin distinciones.

“Si ya está la ley debería de ser pareja para todos, no solo para uno, sabemos que el 90 por ciento de los femicidios en Nicaragua están en la impunidad”, criticó Mejía, quien considera que es un acto sensacionalista pedir la cadena perpetua para este caso cuando hay mujeres a las que no se les brinda la atención y protección cuando acuden a la Policía a denunciar violencia.

“Las bolean y más bien les dicen que en problemas de pareja no se meten”, denuncia.

Mejía mantiene la demanda de que en el país se implementen respuestas integrales para contrarrestar la violencia machista, lo cual pasa por desarrollar políticas educativas, campañas de prevención y reeducación de la población en general, que reduzcan la vulnerabilidad de las mujeres, adolescentes y niñas en el país.

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Los familiares de Ingrid denunciaron que ella en varias ocasiones denunció a su expareja por violencia, pero en la Policía nunca le dieron importancia.

PROYECTAR CUMPLIMIENTO

Maricé Mejía teme que la imposición la pena máxima al femicida sea utilizada como parte de una estrategia del régimen de Daniel Ortega para proyectar que en Nicaragua hay leyes y se cumplen “pero en el fondo no, hay un sinnúmero de casos que están en completa impunidad donde las mujeres corren el riesgo”, remarcó.

“No podemos decir que hay justicia en Nicaragua con un solo caso donde se cumple la ley de cadena perpetua”, apuntó la defensora al señalar que la emisión de una sentencia tampoco ofrece garantías de que será cumplida, pues recordó que en los últimos tres años decenas de hombres que han cometido delitos contra las mujeres han recibido el beneficio de libertad anticipada.

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La defensora piensa que no se puede perder de vista que todas estas acciones podrían hacer parte de la campaña electoral de Ortega para vender una falsa realidad, que es lo que ha venido haciendo con la reapertura de las Comisarías de la Mujer, la aprobación de la pena de cadena perpetua y la creación de la asignatura Derechos y Dignidades de las Mujeres en los centros públicos.

“Todo es parte del sensacionalismo político y crear un país que no existe, todo esto no ha tenido ningún impacto porque en Nicaragua no hay acceso a la justicia, las mujeres están en completa indefensión, siguen soltando reos comunes”, refirmó Mejía.

Según el organismo Católicas por el Derecho a Decidir, en los primeros cuatro meses del 2021 al menos 23 mujeres han sido asesinadas, 48 han sido víctimas de tentativas de femicidios y 29 menores han quedad huérfanos producto de la violencia machista en Nicaragua.