Estados Unidos debería sancionar directamente a Ortega, insiste Human Rights Watch

“(Daniel) Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes, sin enfrentar ninguna consecuencia”, aseguró este martes José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), insistió este martes en Washington que el Gobierno del presidente Donald Trump debería aplicar sanciones directas contra Daniel Ortega por su responsabilidad en la masacre contra el pueblo de Nicaragua y para presionarlo a garantizar el restablecimiento de las libertades en el país.

“Ortega y otros altos funcionarios nicaragüenses creen que pueden cometer impunemente abusos aberrantes, sin enfrentar ninguna consecuencia”, expresó Vivanco.

Según el organismo internacional, la imposición de nuevas sanciones por el gobierno de Estados Unidos “es clave para redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a los abusos y restablezcan las garantías básicas de derechos humanos en Nicaragua”.

El 10 de julio de 2019, el senador estadounidense Bob Menéndez, líder demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador republicano Ted Cruz enviaron una carta al Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, expresando preocupación por la persistencia de los abusos y la impunidad en Nicaragua.

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La feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Orteguista y paramilitares ha dejado más de 300 muertos y más de 2,000 heridos desde abril de 2018, la mayoría de los crímenes están impunes.

Los senadores identificaron a nueve funcionarios nicaragüenses, entre ellos Daniel Ortega, a quienes consideran que el gobierno estadounidense debería imponerles sanciones.

LOS SANCIONADOS

En julio y noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. aplicó sanciones a cinco funcionarios orteguistas implicados en la represión de manifestantes o en hechos de corrupción.

Las sanciones han sido impuestas mediante la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), esta permite que el presidente de Estados Unidos bloquee o revoque visas o imponga sanciones patrimoniales a personas físicas o jurídicas extranjeras responsables de graves violaciones de derechos humanos o que sean cómplices en actos de “corrupción significativa”.

Entre los sancionados en 2018 estaban Rosario Murillo y el director de la Policía, Francisco Díaz.

En diciembre, el Congreso adoptó la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Ley NICA), que habilita al Departamento del Tesoro a imponer sanciones individuales contra funcionarios actuales o exfuncionarios que sean responsables de violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción.

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Las sanciones podrían incluir el congelamiento de bienes que se encuentran en Estados Unidos, la prohibición de ingreso al país y la revocación de visas.

INFORME PENDIENTE

La ley exige que el Departamento de Estado presente a diversas comisiones del Congreso un informe en el que se analice la participación de altos funcionarios nicaragüenses en violaciones de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero en un plazo de seis meses, que vencía el 19 de junio. Cuando Menéndez y Cruz enviaron la carta, ese informe todavía no había sido presentado.

Los senadores pidieron al Departamento de Estado que su próximo informe incluyera información sobre el papel de las siguientes personas en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción, a quienes además propusieron para ser sancionados.

La lista la encabeza Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía y señalado de ordenar la masacre; además proponen a la comisionada Aminta Granera, exdirectora de la Policía; al comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía, quien se desempeñó como máximo miembro de la institución en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del régimen reprimieron ferozmente a manifestantes.

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También incluyeron al general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía, que tiene la obligación, según la legislación de Nicaragua, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y de sancionar a los responsables.

Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra Ortega, también es parte de la lista de candidatos para sanciones estadounidenses.

El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que, según organismos internacionales, tuvo un “papel central” en la represión en todo el país. Julio El bloque de posibles sancionados también incluye a Guillermo Orozco, director general del sistema penitenciario nacional; Darling Morales Duarte, directora del centro penitenciario Tipitapa “Jorge Navarro”, conocido como “La Modelo”; y Donald Pérez Gray, director del pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Modelo.

Un informe de Human Rights Watch publicado en junio concluyó que muchos de los detenidos en el contexto de manifestaciones contra la dictadura Ortega – Murillo habían sufrido graves abusos, que en algunos casos constituyeron torturas, como descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia, violación sexual y remoción de uñas.