Cosep: Ortega desaprovechó la oportunidad de contribuir a solucionar la crisis que vive Nicaragua

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó la aprobación de las reformas electorales y la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) ya que considera que es un intento del régimen de Daniel Ortega para evitar que se den unas elecciones libres, transparentes, justas, observadas y creíbles, en noviembre próximo, “que nos permitan encontrar soluciones a la crisis política, social, económica y sanitaria que enfrentamos”.

La cúpula empresarial considera que Ortega ha “desaprovechando” la "oportunidad histórica de contribuir a la solución, cívica, pacífica y democrática que demandamos todos los nicaragüenses”. En su comunicado, los empresarios explicaron que los diputados sandinistas a la hora de aprobar las reformas a la Ley Electoral y elegir a los nuevos magistrados no tomaron en cuenta la  Constitución Política, que señala que los poderes del Estado deben de ser independientes entre sí.

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Los nuevos magistrados propietarios del Poder Electoral son Brenda Rocha, Mayra Salinas, Lumberto Campbell Hooker, Devoney McDavis Álvarez, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Cairo Amador y Leonzo Knight Julián. Mientras que los suplentes son: Adriana Molina Fajardo, Maura Álvarez Ortiz, Alberto Julián Blandón Baldizón. Ortega se garantizó el control absoluto de este poder del Estado.

“Se eligió a propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral vinculados partidariamente al FSLN y se procedió a la aprobación de las Reformas y Adiciones a la Ley No. 331, Ley Electoral sin tomar en cuenta las propuestas y observaciones de los partidos políticos, sociedad civil y comunidad internacional”, señalan los empresarios.

MANTENER CONTROL ABSOLUTO DEL CSE

Estos acontecimientos, según el Cosep, indican que la voluntad del régimen de Ortega es mantener el control partidario total de los organismos electorales. Además, "busca limitar por medio de inhibiciones inconstitucionales, la participación de los partidos y candidatos de la oposición, para garantizarse todas las condiciones y ventajas que les permitan ilegítimamente continuar en el poder en detrimento de la voluntad popular”.

Los miembros de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), se pronunciaron unas horas antes y también rechazaron la aprobación de las reformas a la Ley Electoral ya que consideran que tienen  “un propósito inhibidor, restrictivo y represivo, que no contribuye al desarrollo mínimo de unas elecciones nacionales libres, justas y transparentes”.

“Demandamos el desarrollo de un proceso electoral con amplia participación de observadores nacionales e internacionales, quienes sean garantes de que las elecciones generales y legislativas a realizarse en noviembre 2021 se desarrollen bajo los lineamientos democráticos para garantizar su legitimidad”, expuso Cadin.

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Los empresarios advierten que sí el proceso electoral es declarado “ilegitimo” se crearán tensiones a lo interno del país que provocarán conflictos y reacciones de la comunidad Internacional, que podría tomar medidas drásticas. Esas medidas, consideran, podrían afectar la llegada de inversiones, la generación de empleos y el desarrollo económico del país.

Las reformas a la Ley Electoral establecen inhibiciones  a través de la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, ambas consideradas instrumentos para reprimir a los opositores. Restringen a los partidos o alianzas políticas recibir financiamiento del extranjero y se mantiene que los partidos políticos o alianzas tendrán que pedir permiso a la Policía para realizar sus manifestaciones políticas.