ONU urge diálogo, justicia “sin excepción” y reformas electorales en Nicaragua
Advierten que tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención a Víctimas tienen ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de los crímenes y es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción”.
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, Kate Gilmore, expresó su preocupación por el deterioro de losderechos humanos en Nicaragua, en particular por la situación de los presospolíticos, la falta de voluntad para regresar al diálogo y la ambigüedad de laLey de Amnistía.
“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, apuntó.
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El informe de actualización sobre la situación de la crisissociopolítica en Nicaragua, la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, expusoante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones que todavía existen presos políticosque sufren torturas, así como opositores, defensores de derechos humanos,líderes comunitarios y periodistas víctimas de asedio y persecución.
En ese sentido llamó a la administración de Daniel Ortega yRosario Murillo a retomar las negociaciones con la Alianza Cívica y respetarlos acuerdos ya firmados sobre “permitir el ejercicio de las libertades dereunión, expresión y asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionarcualquier ataque contra defensores de los derechos humanos, líderescomunitarios, opositores políticos y periodistas y garantizar el regreso”.
“La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, subrayó la representante de Michelle Bachelet este martes en Ginebra, donde insistió en la instalación urgente de un diálogo genuino e inclusivo “para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales”.
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Durante la sesión el delegado por Nicaragua exigió la»no injerencia en asuntos de internos». A lo cual Argentina respondió:»Los que piden no injerencia son los que más violan los Derechos Humanos eintentan autoprotegerse, por tal motivo defendemos el principio de noindiferencia entre los Estados. Si nos calláramos estaríamos convirtiéndonos encómplices».
TORTURAS DEBEN SERINVESTIGADAS
Kate Gilmore enfatizó que tras más de un año de la crisis sociopolíticaque ha dejado más de 300 muertes, 2,000 heridos y más de 70,000 personas en elexilio, “las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguensin resolverse”, entre ellas la liberación total de presos políticos.
Hizo énfasis en la situación de al menos 80 ciudadanos quepermanecen encarcelados por involucrarse en las protestas cívicas contra Ortegay Murillo.
Gilmore calificó de “pasos alentadores” la liberación de 442prisioneros políticos, entre ellos 106 que salieron mediante la aplicación dela cuestionada Ley de Anmistía, pero externó su preocupación por “la situaciónde las personas privadas de libertad en relación con las protestas. NuestraOficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos atortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, expresó lafuncionaria al recordar el asesinato de Eddy Montes, el pasado 16 de mayo encárcel La Modelo: “un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial depolicía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas,entre ellas agentes de policía.
Sobre este punto España mencionó la necesidad de que elgobierno de Niaragua permita el retorno de la OACNUDH, que cumpla con laliberación de todos los presos políticosy retome el diálogo.
Para Gilmore es urgente que todas las personas encarceladasarbitrariamente sean liberadas y que se emprendan investigaciones inmediatas,imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentosbajo custodia.
AMNISTÍA Y ATENCIÓN AVÍCTIMAS: AMBIGUAS, INCONSULTAS Y PELIGROSAS
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos manifestó que aunque la Ley de Amnistía permitió la salida de106 prisioneros políticos “contiene ambigüedades que pueden beneficiar a losautores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”,porque no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.
Tampoco lo hace la Ley de Atención Integral a las Víctimas,indicó.
“Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”, criticó la funcionaria tras señalar que las autoridades “continúan negando la responsabilidad de policías y parapolicías en los crímenes cometidos en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril del año pasado, pese a que “nuestra Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas”.
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“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ningunaexcepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ydeterminar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición deviolaciones de derechos humanos.
También mencionó como prioritario cesar las violaciones a lalibertad de expresión que a la fecha ha significado el exilio de al menos ciencomunicadores.
Como positivo Kate Gilmore mencionó la informaciónproporcionada por el Gobierno el pasado 5 de julio sobre la situación de losderechos humanos en Nicaragua así como la confirmación de la participación deun funcionario del gabinete de Daniel Ortega en una sesión de trabajo quetendrá lugar el 13 de julio en Panamá. “Confiamos en que esto conducirá a unacceso continuo para la Oficina en el futuro, como lo solicita la resolución40/2 del Consejo de Derechos Humanos. Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno acumplir con sus obligaciones internacionales”, reiteró.



