Ortega envía con urgencia a la Asamblea la aprobación de un préstamo de US$80 millones con el Banco Mundial

El régimen de Daniel Ortega remitió con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional la aprobación de un convenio de financiamiento por un monto de US$80 millones, el cual fue suscrito el pasado 15 de abril de este año con el Banco Mundial (BM) a través de la International Development Association (IDA) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

Según el texto de la  fundamentación que envió Ortega, el pasado 22 de abril, los fondos serán utilizados para financiar el proyecto de Respuesta de emergencia frente a los huracanes Eta e Iota que afectaron Nicaragua en noviembre del año pasado. “El objetivo del Proyecto es apoyar la respuesta a la emergencia de Nicaragua en el restablecimiento de los servicios en sectores sociales  y  económicos críticos en el área del Proyecto”, indica el documento.

Según Ortega, el préstamos, que pretende beneficiar a 155 mil personas, pactado a un plazo de 30 años con cinco años de gracia y con un interés anual de 1.25%. El proyecto se ejecutará en tres etapas, la primera es la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura crítica seleccionada. La segunda es la recuperación de los medios de subsistencia y la tercera es la realización de una  auditoría, verificación, supervisión y evaluación externas.

Varios sectores de la oposición ha demandando a los organismos financieros internacionales vigilar el buen uso de la ayuda económica que brinden a Ortega para que no la utilice con fines partidarios en este año electoral. Los pobladores de la zona del Caribe Norte se han quejado de que la ayuda ha sido entregada solo a allegados del partido en el gobierno.

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En marzo pasado la líder indígena miskita Yaqueline Budier hizo un llamado de auxilio por la comunidad de Haulover, en el Caribe Norte, que no se ha repuesto del impacto de los huracanes Eta e Iota, que devastaron el poblado con diez días de diferencia en noviembre pasado.

“Ya llevamos cuatro meses después de que pasó el huracán, y la situación está igual o diría que peor (…) perdieron todo, los materiales de su trabajo, sus equipos, sus casas, entonces la situación está igual que después de que pasó el huracán”, dijo Budier, a mediados de marzo.

Según datos del régimen de Ortega, cerca de tres millones de personas estuvieron expuestas directamente y otras 160,597 fueron evacuadas, cerca de 60 mil estuvieron en albergues y 21 personas perdieron la vida. Las zonas más afectadas por los huracanes fueron la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el Triángulo Minero y los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Rivas, Carazo y Nueva Segovia.

Las estimaciones preliminares actualizadas a diciembre del año pasado se identificaron daños y pérdidas totales por el orden de los 742,6 millones de dólares aproximadamente el 6,2%  del Producto Interno Bruto (PIB). El régimen de Ortega expone que la actividad oportuna de sus instituciones frente a los dos fenómenos naturales, “la larga e  intensa temporada de lluvias en Nicaragua, y en menor medida, la crisis provocada por el Covid-19, ha generado un agotamiento de instituciones  locales sectoriales, así como a los sistemas de preparación y respuesta ante emergencias”.

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La dictadura expresó que está moviendo fondos para atender la emergencia, pero que el “déficit de financiamiento es aún significativo” y que está solicitando la activación del Componente Contingente de Respuesta   ante   Emergencias (CERC) previsto   en   el   Proyecto   de   Fortalecimiento   de   los   Derechos de  la  Propiedad (Proyecto  PRODEP  III).  

“Se  espera  que  el  CERC (hasta USD  11 millones no comprometidos para  gastos) complemente   las   actividades   previstas   por   este   proyecto   de respuesta   ante   emergencias”, indica la exposición de motivos del decreto de aprobación del préstamo.