ONU urge diálogo, justicia “sin excepción” y reformas electorales en Nicaragua

Advierten que tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención a Víctimas tienen ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de los crímenes y es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción”.

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  • julio 10, 2019
  • 04:40 AM

Advierten que tanto la Ley de Amnistía como la Ley de Atención a Víctimas tienen ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de los crímenes y es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción”.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kate Gilmore, expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, en particular por la situación de los presos políticos, la falta de voluntad para regresar al diálogo y la ambigüedad de la Ley de Amnistía.

“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”, apuntó.

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El informe de actualización sobre la situación de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la Alta Comisionada Adjunta, Kate Gilmore, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones que todavía existen presos políticos que sufren torturas, así como opositores, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas víctimas de asedio y persecución.

En ese sentido llamó a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo a retomar las negociaciones con la Alianza Cívica y respetar los acuerdos ya firmados sobre “permitir el ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionar cualquier ataque contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos y periodistas y garantizar el regreso”.

“La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, subrayó la representante de Michelle Bachelet este martes en Ginebra, donde insistió en  la instalación urgente de un diálogo genuino e inclusivo “para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales”.

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Durante la sesión el delegado por Nicaragua exigió la "no injerencia en asuntos de internos". A lo cual Argentina respondió: "Los que piden no injerencia son los que más violan los Derechos Humanos e intentan autoprotegerse, por tal motivo defendemos el principio de no indiferencia entre los Estados. Si nos calláramos estaríamos convirtiéndonos en cómplices".

TORTURAS DEBEN SER INVESTIGADAS

Kate Gilmore enfatizó que tras más de un año de la crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertes, 2,000 heridos y más de 70,000 personas en el exilio, “las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse”, entre ellas la liberación total de presos políticos.

Hizo énfasis en la situación de al menos 80 ciudadanos que permanecen encarcelados por involucrarse en las protestas cívicas contra Ortega y Murillo.  

Gilmore calificó de “pasos alentadores” la liberación de 442 prisioneros políticos, entre ellos 106 que salieron mediante la aplicación de la cuestionada Ley de Anmistía, pero externó su preocupación por “la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, expresó la funcionaria al recordar el asesinato de Eddy Montes, el pasado 16 de mayo en cárcel La Modelo: “un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial de policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de policía.

Sobre este punto España mencionó la necesidad de que el gobierno de Niaragua permita el retorno de la OACNUDH, que cumpla con la liberación de todos  los presos políticos y retome  el diálogo.

Para Gilmore es urgente que todas las personas encarceladas arbitrariamente sean liberadas y que se emprendan investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia.

AMNISTÍA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS: AMBIGUAS, INCONSULTAS Y PELIGROSAS

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que aunque la Ley de Amnistía permitió la salida de 106 prisioneros políticos “contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”, porque no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación.

Tampoco lo hace la Ley de Atención Integral a las Víctimas, indicó.

“Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”, criticó la funcionaria tras señalar que las autoridades “continúan negando la responsabilidad de policías y parapolicías en los crímenes cometidos en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril del año pasado, pese a que “nuestra Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas”.

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“Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos.

También mencionó como prioritario cesar las violaciones a la libertad de expresión que a la fecha ha significado el exilio de al menos cien comunicadores. 

Como positivo Kate Gilmore mencionó la información proporcionada por el Gobierno el pasado 5 de julio sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua así como la confirmación de la participación de un funcionario del gabinete de Daniel Ortega en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio en Panamá. “Confiamos en que esto conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro, como lo solicita la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos. Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales”, reiteró.

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