Maduro libera a 22 presos políticos tras demoledor informe de Bachelet

El documento de la ONU evidenció graves violaciones a los derechos económicos, sociales, civiles y políticos; violencia y abusos policiales, y una aterradora cifra de muerte de 5,287 en 2018, por “resistencia a la autoridad”.

El Gobiernoen disputa de Venezuela liberó el jueves a 22 personas, incluidos casosemblemáticos como la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar,dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, MichelleBachelet, este viernes.

Un díaantes, Michelle Bachelet, presentó su reporte tras la visita que realizó aVenezuela el pasado mes de junio. En el informe la Alta Comisionada para losderechos humanos de la ONU pidió la liberación de todos los presospolíticos.

Bacheletdesveló los dos nombres en declaraciones ante los medios después de que elConsejo de Derechos Humanos de la ONU celebró un debate sobre el reporte que realizótras su visita a Caracas.

La juezavenezolana María Lourdes Afiuni, cuyo proceso judicial lleva casi 10 años, fuesentenciada el pasado mes de marzo a cinco años de prisión por el delito decorrupción. 

En diciembrede 2009, Afiuni fue encarcelada por contribuir presuntamente a la fuga delempresario venezolano Eligio Cedeño. El fallecido presidente Hugo Chávezordenó, en cadena nacional, que fuera apresada.

Las otras 20personas puestas en libertad son estudiantes, dijo una portavoz a Reuters.

ADOPTAR MEDIDAS

El informeinsta al Gobierno en disputa de Venezuela “adoptar de inmediato medidas específicaspara detener y remediar las graves vulneraciones de derechos” documentados enese país.

El documento, incluso, señala que si no hay mejorías en la situación de la crisis que vive el país, continuará incrementando el flujo migratorio y “empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él”.

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En elinforme, que abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019, también seindica que en el último decenio “el Gobierno venezolano y sus instituciones hanpuesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir ycriminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Según laAlta Comisionada Michelle Bachelet, “un sacerdote católico me dijo en Caracas:‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informetampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquierotra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tienederecho”.

También, sehace énfasis en la crisis económica que vive el país y en el agravante quetiene en la profunda crisis. De acuerdo a estimaciones del Fondo MonetarioInternacional (FMI), Venezuela cerrará el año con 1.000.000 % de inflación.

“Durante mivisita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sidovíctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. Hetransmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así comolas violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a lasautoridades competentes”, declaró la Alta Comisionada Bachelet, quien visitóCaracas entre el 19 y el 21 de junio pasado.

REPRESIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

En elinforme también se contempla la militarización de las instituciones del Estado;incluso, se culpa a fuerza civiles y militares de “detenciones arbitrarias,malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares”; también,hay denuncias de violencia sexual y de género.

Se denuncia,incluso, a los grupos colectivos por su control y represión y la oficina indicóque se han documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero amayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles precisamente a los colectivos.

Las Fuerzasde Acciones Especiales (FAES), comando especial de la Policía Nacional, tambiénson nombradas en el informe, que indica que, en 2018, el gobierno registró5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, añade el documento.

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“Según losentrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a lasrepresalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa elinforme.

“ElMinisterio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar yllevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor delPueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”, exponeel texto.

El informeindica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadasarbitrariamente de libertad; en lo que ha corrido del 2019, 22 diputados de laAsamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidadparlamentaria.

La AltaComisionada también pidió la libertad de las personas detenidas y el informepide garantizar la libertad de prensa.

FALTA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD

El informereitera lo dicho por Bachelet, antes de su salida de Caracas: “las últimassanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aúnmás los efectos de la crisis”.

Por otrolado, reitera que se acentúa la crisis de alimentación y la atención sanitaria.

“La escasezcreciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en unnúmero menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices dedesnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres”,señala.

La situaciónsanitaria del país se traduce en los siguientes datos, según el documento: loshospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad paramantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la EncuestaNacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, denoviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientospor falta de suministros.

La violaciónsobre los derechos de los indígenas no es menor; sufren por la presencia dedelincuentes y grupos armados que no respetan sus costumbres y tradiciones.

RECOMENDACIONES

El documentolista algunas recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con lasprincipales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina delAlto Comisionado para los Derechos Humanos.

Señala quese debe garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua,medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud.

Así mismo,tomar medidas para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechoshumanos” y lleve a cabo investigaciones relacionadas con las mismas.

Se pide,además, poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de sulibertad y cesar toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas.

Incluso, elinforme pide disolver “las FAES y establecer un mecanismo nacional imparcial eindependiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecucionesextrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad,asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas seanreparadas”.

La ONUtambién pide garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtenerreparaciones con un enfoque sensible al género, garantizar el derecho a laidentidad, desmantelar los grupos armados, facilitar el establecimiento de unaoficina permanente del ACNUDH en el país, autorizar el libre acceso a lainformación de interés público, entre otros.

“Esperosinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la informacióncontenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamosestar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedoy con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la viviendaadecuados, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

“Exhorto atodas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el restodel mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios parasolucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi oficina está lista paraseguir apoyando”, agregó.

Reiteró queel Gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a solucionar algunas de lascuestiones más espinosas y a facilitar la entrada ilimitada a los centros dereclusión.

El informese basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechoshumanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ochopaíses, así como en otras fuentes.