Candidatos presidenciales esquivan hablar del aborto y matrimonio igualitario

Ludwika Vega ha sido sometida a tres operaciones en la boca, después de sobrevivir hace dos años a un intento de asesinato de parte de sujetos desconocidos que entraron a la Asociación Nicaragüense de Mujeres Trans (ANIT) que representa.

Los agresores, según comenta, la golpearon en el rostro y luego le asestaron siete puñaladas en todo el cuerpo. También fue despojada de sus pertenencias, amarrada de pies y manos, e intentaron asfixiarla dentro de la oficina de ANIT.

Según Vega, este incidente, al igual que otros ocurridos recientemente, son motivados por lo que considera “la consecuencia de la discriminación en Nicaragua”, uno de los países más conservadores de la región, que aún no ha dado una brecha al debate del matrimonio igualitario.

El único beneficio a favor de la comunidad LGBTI que ha garantizado el gobierno de Daniel Ortega, que dirige el país desde hace más de 13 años, ha sido la despenalización de la homosexualidad en 2008, pero jamás se ha hecho ningún comentario con respecto a la unión matrimonial entre parejas del mismo sexo.

También los colectivos se quejan de la falta de atención de las autoridades, que no investigan activamente las “agresiones de odio”, promoviendo así la impunidad. Según Ludwika, en su caso como en otros similares, la Policía jamás abrió una investigación basada en denuncia.

“A la fecha no conozco el acta de seguimiento de lo que me ocurrió, no hay ni un dictamen”, dice de lo que interpreta como “falta de voluntad política”.

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PRESENTARÁN DEMANDAS PARA SER TOMADOS EN CUENTA

Por esta razón, la activista señala que el colectivo de personas LGBTI trabaja en una agenda de demandas que presentarán a los opositores que aspiran a participar en los comicios de noviembre de este año.

“Ahorita que hay varios aspirantes a la Presidencia vamos a trabajar en un plan que mostraremos. Hay que hablar de cuáles son las problemáticas y deudas con nuestros colectivos. Recientemente fue asesinada de forma atroz Lala, una transexual, así que esto no es algo de ayer, es un problema de años, y no se nos ha querido cumplir como colectivo”, reclama Ludwika.

Recientemente varios de los aspirantes que esperan competir con Ortega en los próximos comicios participaron en un debate por una cadena de medios digitales, como 100% Noticias, La Lupa, Despacho 505 y Nicaragua Actual, donde el tema de los derechos de la comunidad LGBTI fue bastante evadido en las respuestas de los que aspirar a liderar la nación centroamericana.

Mientras algunos apelaron al “modelo de familia correcto”, otros prefirieron no hablar del tema argumentando que no era el momento adecuado para ser tratado.

“Es el mismo temor o falta de voluntad política, ellos tampoco la tienen, ha habido mucha división, intereses”, dice Ludwika al referirse al debate.

UNA SOCIEDAD CONSERVADORA, DICE SOCIÓLOGA

La socióloga María Teresa Blandón considera que la falta de respuestas a la comunidad LGBTI tiene que ver con “marcas de misoginia, homofobia y machismo” que han sido fomentadas por décadas en la sociedad nicaragüense.

Blandón enfatiza que tanto el gobierno de Ortega como los opositores mantienen un discurso conservador “a conveniencia”, y evitan hablar del tema de la comunidad gay, y de otros fundamentales como el aborto, el cual fue penalizado en todas sus expresiones tras el retorno del gobernante Frente Sandinista en 2007.

En algunos casos, la socióloga valora que obedece a asuntos políticos y aprovechan para enviar un discurso a las masas sobre lo que quieren escuchar, al igual que ha hecho el Frente Sandinista con una mezcla de Estado y religión.

“Es increíble cómo estos políticos o candidatos que se oponen al régimen Ortega- Murillo tienen grandes coincidencias en su rechazo a la equidad de género, en su resistencia a reconocer los derechos de homosexuales, de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos; son parte del mismo problema, tanto el partido de gobierno, como quienes se declaran opositores, coinciden en esta postura conservadora, e incluso misógina”, critica Blandón.

“Están defendiendo los privilegios que les da ser parte de este discurso en el que los hombres tienen muchísimas ventajas y por el peso que tiene la homofobia y la transfobia”, añade la experta que ve que los aspirantes han encontrado “una oportunidad para posicionarse en un lugar moralmente superior”.

“Es un recurso muy utilizado en sociedades conservadoras como las nuestras, pero eso no les funcionaría en otros países desarrollados como Holanda, Finlandia, Alemania. Los mirarían como candidatos del siglo XVII y XVIII”.

Aborto descartado

El caso del aborto es otro punto polémico que ha sido rechazado para debatirse. Su penalización se logró en 2007, tras el retorno al poder de Daniel Ortega y que surgió como parte de la campaña del mandatario sandinista, que se comprometió con las jerarquías religiosas de entonces, según los analistas.

Durante el debate en los medios digitales, los aspirantes que participaron se autoproclamaron personas “provida”, algo que es considerado “cliché” por los expertos consultados por la Voz de América.

“Esto es un cliché, porque es muy sencillo proclamarse “provida”, haciendo caso omiso a todas las aristas que tiene la defensa a la vida”, dijo Blandón. Decir que eres provida porque no quieres que las mujeres aborten en ninguna circunstancia, no es ser provida, es ser antiaborto, y es estar contra del derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo”.

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Agregó que “ha sido un cliché generalizado no solo en Nicaragua, sino en toda América Latina y los políticos muy convenientemente lo han utilizado para evadir temas gravísimos”.

La socióloga y también feminista considera que en Nicaragua se debe avanzar en educación “y en la secularización”, al separar las creencias religiosas de los aspirantes al presentar un plan de nación.

“Esta sociedad debe tener muy claro lo que corresponde al orden privado y lo que pertenece a lo público. Los derechos humanos son de orden público y no deben ponerse en cuestión, las creencias religiosas son de orden privado y el Estado no debe intervenir. Ambas son distintas”, concluyó.