Madres de Abril recurren contra Ley de Amnistía y protestan frente a la Corte

La Policía Orteguista trató de impedir el ingreso a la Corte a las madres de los asesinados por la dictadura, quienes luego de introducir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, realizaron un piquete de protesta exigiendo justicia y no impunidad para las víctimas de la masacre.

La Asociación Madres de Abril presentó este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, al considerar que únicamente beneficia a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua y deja en la impunidad los asesinatos cometidos por policías y paramilitares enviados por Daniel Ortega para reprimir las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018.

Las madres de los asesinados llegaron a la Corte Suprema de Justicia y en un primer momento varios oficiales de la Policía Orteguista trataron de impedir su ingreso.

Los familiares de las personas asesinadas y presos políticos liberados al amparo de la Ley han manifestado su descontento al considerar que a través de la misma el régimen pretende cercenas derechos constitucionales como la expresión o la manifestación.

La Corte Suprema recibió el recurso de inconstitucionalidad presentado por las Madres de Abril, pero no dio fecha de una posible respuesta.

El en documento piden a la Corte que el recurso por inconstitucionalidad sea notificado a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, la Procuraduría General de la República y Daniel Ortega, “con el fin de que dichas autoridades rindan del informe correspondiente y que sea declarado con lugar y, en consecuencia, se declare la inconstitucionalidad de dicha Ley”.

LEA: Pablo Parenti: “Ningún Estado o Corte reconocería la validez de esta amnistía”

PROTESTAN FRENTE A LA CORTE

Al salir de la Corte, el grupo de mujeres protestó contra el régimen  y exigió justicia para sus asesinados.

“Justicia, justicia, justicia”, gritaban las madres en las afueras de la Corte vestidas de banco y negó y con un lazo negro en sus pechos en señal de luto por los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus hijos.

La Ley de Amnistía fue aprobada por la Asamblea Nacional a solicitud de Daniel Ortega argumentando que sería para liberar a centenares de presos políticos, pero hasta ahora la mayor parte de los juicios impulsado, en su mayoría por terrorismo, no han sido anulados.

LEA: Faltan sanciones Europeas para frenar a Ortega, advierte Human Rights

La organización Defensores del Pueblo, el grupo de abogados que ejerció la defensa de decenas de presos políticos, informó este martes que hasta ahora solamente 27 juicios han sido anulados.

Los abogados insisten en que los presos políticos no debieron haber sido liberados bajo una Ley de Amnistía, al considerar que los juicios fueron amañados y dirigidos desde El Carmen, no se probó la culpabilidad de los acusados porque no cometieron ningún delito.

Los Defensores del Pueblo sostienen que el Poder Judicial podría haberlos liberados otorgándoles un sobreseimiento definitivo y anulando los juicios por falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

NO TIENE VALIDEZ ANTE EL MUNDO

La Ley de Amnistía en Nicaragua no puede amparar los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de abril de 2018, por lo que “ningún Estado, ni ninguna Corte internacional del mundo reconocería la validez de la misma”, asegura el fiscal argentino Pablo Parenti, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).  

El experto sostiene que con esta ley, el régimen de Daniel Ortega está consagrando la impunidad que de hecho ya existe, por lo que debería ser invalidada cuando en el país se alcance un sistema de justicia independiente.  

Parenti indica que una amnistía no es el mecanismo para liberar a los presos políticos ya que las personas inocentes deberían tener una sentencia que justamente digan que son inocentes ya que “las amnistías siempre dejan la mancha o la duda sobre la culpabilidad”.  

El abogado y fiscal argentino advierte que a través del articulo relacionado a la no repetición “en verdad lo que se está proponiendo es una medida de control social para invalidar derechos constitucionales como el derecho a la manifestación”.