Ortega obligará a abogados y notarios públicos y contadores a revelar información de sus clientes

La reforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye como sujetos obligados por la ley a los abogados y notarios públicos y contadores para que denuncien cualquier tipo de operaciones que consideren sospechosas y que estén vinculadas con financiamiento al terrorismo, lavado de activos y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Daniel Ortega controlará el ejercicio profesional de abogados y notarios públicos y contadores públicos, a través de la reforma a la Ley 977, Ley Contra Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas que envió este miércoles a la Asamblea Nacional.

LEA LA INICIATIVA DE LEY Contra Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas

La reforma enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye como sujetos obligados por la ley a los abogados y notarios públicos y contadores para que denuncien cualquier tipo de operaciones que consideren sospechosas y que estén vinculadas con financiamiento al terrorismo, lavado de activos y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

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Esta sería la tercera reforma que impulsa Ortega para criminalizar cualquier tipo de manifestación contra su gobierno, ya que en julio del año pasado, en plena crisis envió la primera reforma sancionando con penas de 15 a 20 años de prisión a todos los opositares al régimen que participaran en actos calificados como terroristas.

La segunda reforma impulsada por Ortega obligaba a bancos, microfinancieras, casas de cambio de moneda, casas de empeño, agencias de envíos de remesa, casinos, salas de juegos de azar, comerciantes de vehículos nuevos y usados, corredores de bienes raíces y prestadores de servicios de traslado de valores, bienes y activos a declarar cualquier tipo de transacción financiera mayor a 500 dólares, entre ellas las remesas.

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La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez denunció que la intención de la reforma enviada por Ortega pretende obligar a los profesionales del derecho a delatar a sus defendidos.

“No voy a faltar a mi ética profesional. Denuncio iniciativa donde nos quieren obligar a denunciar a nuestros defendidos. Estoy en contra de la reforma de la ley 977. Somos profesionales del derecho”, denunció en su cuenta de Twitter, Martínez.

En la exposición de motivos el régimen señala que “pese a los esfuerzos realizados en la actualización de nuestro marco jurídico ALA/CFT/CFP, se requiere la inclusión de algunas actividades y profesiones no financieras designadas como sujetos obligados a informar o reportar operaciones sospechosas vinculadas con el Lavado de Activo, Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas”.

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Agrega que “entre estas actividades y profesiones no financieras designadas, se encuentran los abogados y los notarios públicos, por cuanto podrían ser utilizados por personas u organizaciones delictivas, como medio para desarrollar actividades de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Según la iniciativa de ley, la reforma permitirá detectar operaciones inusuales, reportarlas al Poder Judicial, para su análisis, y si se identifican operaciones sospechosas, poder reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero, como parte de la estrategia del muro de contención contra la delincuencia organizada.