Piden 16 años de cárcel para joven que alzó bandera de Nicaragua frente a la UCA

El preso político Sergio Beteta fue declarado culpable por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes tras ser detenido el pasado 21 de diciembre frente a la Universidad Centroamericana (UCA) donde protestó contra el régimen de Daniel Ortega: gritó "Viva Nicaragua libre", alzó la bandera azul y blanco y quemó la rojinegra del Frente Sandinista.

El veredicto de culpabilidad fue dictado por el Juez Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Vargas. El joven se negó a firmar el acta en los Juzgados de Managua y antes de abandonar la sala volvió a gritar "Viva Nicaragua libre".

El abogado Julio Montenegro, defensor de Beteta, indicó que los oficiales de Policía que llegaron a declarar en juicio "dijeron que que el preso político no portaba ninguna bandera ni chiquita ni grande entre sus manos". Sin embargo, su protesta quedó grabada enn una transmisión en vivo de Artículo 66. 

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Además del video, la defensa presentó otras pruebas como fotografías donde se muestra a Beteta con la cara descubierta una vez que lo detuvieron y otra con tapabocas para protegerse del coronavirus.

“Sin embargo, el fiscal argumentó que no se sabía quién era porque tenía esa mascara, tratando de descontextualizar la situación y del video que era bastante contundente”, manifestó Montenegro.

FISCALÍA PIDE PENA MÁXIMA

La Fiscalía pidió la pena máxima de 16 años y 900 días multas por los delitos de tráfico de estupefacientes y portación o tenencia ilegal de armas.

"Estamos pendiente que nos notifiquen sentencia para hacer uso del recurso de apelación. La tendencia ha sido una Fiscalía que pide la pena máxima y una actitud de los jueces, al menos de la mayoría, de aplicar casi esa pena máxima”, denunció el abogado Julio Montenegro.

El defensor indicó que la sentencia podría ser notificada en un plazo de tres días, pero esos términos no se respetan, “los jueces se pueden llevar de repente cuatro o cinco días, una semana, dos semanas”, pero hay casos en que transcurre un mes.

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Montenegro expuso que por lógica “nadie va a ser tan aguerrido o tan expuesto” que va a ir a protestar mientras realiza una actividad ilícita de delito común como es el caso de la tendencia ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Las acusaciones de por delitos comunes contra opositores y excarcelados políticos ha sido un patrón represivo del régimen de Daniel Ortega en el contexto de la crisis sociopolítica desatada en abril de 2018.

A la fecha hay unos 120 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, según datos de organismos de derechos humanos.