Periodistas recurren contra la Ley Mordaza

Periodistas de diferentes medios de comunicación interpusieron este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 36 recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza.

Los comunicadores consideran que esta norma, aprobada el 27 de octubre de 2020 y en vigor desde el 30 de diciembre del mismo año, viola los derechos contenidos en la Constitución Política de Nicaragua relativos a la libre expresión y el derecho de informar y ser informado. Además, la consideran un instrumento creado para castigar “a los periodistas de medios independientes a fin de silenciar sus voces”.

“Estamos dejando claro que rechazamos el articulado de la Ley en la que se nos coarta la libertad de expresión”, dijo la periodista Michelle Polanco, miembro del colectivo Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)

El PCIN expresó en un comunicado que esperan que los magistrados de la CSJ “sean garantes y protectores de los derechos de las y los nicaragüenses que están establecidos en la Constitución Política”. La actividad se desarrolló bajo el asedio policial, varias patrullas se presentaron a las instalaciones de la CSJ donde se dedicaron a tomar fotos a los presentes.

La presentación de este recurso es la primera de varias acciones que los comunicadores planean realizar en el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista, el próximo 1 de marzo.  

La ley Mordaza establece penas de uno a 10 años de cárcel a las personas que cometan ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”, y aunque contiene 25 definiciones, no especifica dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) o información tergiversada. 

DUERME EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

Este recurso se une a otros que han interpuesto diversas organizaciones contra la Ley de Ciberdelitos. El doctor Julio Montenegro, quien acompañó a los comunicadores, al ser consultado sobre cuándo se podría pronunciar la CSJ sobre este recurso expuso que "esto creo que va a pasar como en otros muchos casos, duerme el sueño de los justos. Sin embargo, lo importante es hacer el agotamiento de las vías”.

En la normativa de la ley, que fue publicada el 29 de enero de este 2021, se establece que las empresas que brinden el servicio de comunicaciones tienen la obligación de brindar todos los datos personales de sus usuarios a la Policía y a la Fiscalía, incluyendo números telefónicos, actividad en redes sociales y correos electrónicos, los cuales están obligadas a resguardar hasta por  un periodo de un año, como parte de la normativa aprobada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor).

Antes de su cierre el pasado 5 de febrero, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), había alertado de la escalada represiva contra los periodistas y los medios independientes del país. En 2020 la organización logró documentar unas 360 denuncias de violaciones a la libertad de prensa.

La FVBCH decidió suspender sus operaciones ya que no aceptaron la imposición de registrarse como Agentes Extranjeros.   

En su último estudio que presentó la FBVCH en enero de este año, dio a conocer que en la última década, bajo la dictadura de Daniel Ortega han desaparecido, cerrado, destruido y confiscados al menos 20 medios de comunicación. Decenas de comunicadores han sido víctimas de ataques y asedio; al menos 47 permanecen en el exilio, dos fueron encarcelados y torturados y uno, el periodista costeño Ángel Gahona, fue asesinado.

Diversos organismos internacionales han demandado al régimen de Ortega que derogue esta Ley, pero hasta el momento ha hecho oídos sordos al llamado.