Alcaldesa de Wiwilí, inhabilitada por el régimen, se refugia en Estados Unidos

Navegar en un bote por el río Coco, para luego cruzar a territorio hondureño, fue la travesía que realizó la alcaldesa del municipio de Wiwilí, Jinotega, Reyna Hernández, para huir de la persecución y amenazas de muerte que recibía de parte del régimen de Daniel Ortega, desde que la suspendieron de su cargo para quedarse con la alcaldía.

Hernández, de 52 años, confirmó a Despacho 505 que huyó el pasado primero de noviembre por las violaciones a sus derechos humanos y a las amenazas de muerte que recibía de los seguidores de Ortega, y que aunque en Honduras la recibieron muy bien y le ofrecieron asilo, su meta era refugiarse en los Estados Unidos.

“En Honduras estuve aproximadamente un mes, ahí fui testigo de los desastres que causaron los huracanes Eta e Iota, pero posteriormente me trasladé a Estados Unidos para ponerme a salvo”, detalló la ex edil liberal.

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La opositora es una reconocida militante del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de Wiwilí y tras ganarse el cariño y la confianza de los pobladores, fue electa alcaldesa en las elecciones del 2017, para el período 2018-2022. Ese municipio era gobernado por el Frente Sandinista.

“Desde que yo asumí el cargo en enero del 2018 con mi vicealcalde Manuel Blandón, no nos dejaron gobernar y nos bloquearon las transferencias municipales, pero aun así dábamos repuesta a las principales demandas de la población con lo que recaudábamos de los productores”, afirmó.

BOICOT INICIÓ EN EL 2018

Cuenta que desde que asumió en 2018, empezaron a tejer toda una maniobra para inhabilitarla de su cargo mediante una demanda laboral superior a los 16.5 millones de córdobas que promovieron 36 extrabajadores de la alcaldía a fines al FSLN.

“La demanda laboral era millonaria, pero lo que realmente les correspondía era aproximadamente 2 millones de córdobas y como la cifra que nos impusieron en el Mitrab y el juzgado laboral, era impagable por falta de recursos y transferencias municipales, terminaron declarándome culpable de desacato de autoridad y me inhabilitaron del cargo por dos años, como parte de la maniobra que habían planificado para apoderarse de la alcaldía”, denunció Hernández.

La juez Diana Isabel Jarquín Valle, titular del Juzgado Local Penal de Jinotega, fue quien se encargó de inhabilitarla de su cargo mediante una sentencia que leyó el 31 de julio del 2020 en la cual se detalla que la sanción finaliza el 31 de agosto del 2022.

Aunque el vicealcalde asumió el cargo, la juez también lo inhabilitó del cargo el 9 de octubre del año pasado, utilizando el mismo proceso y el 27 de ese mismo mes los concejales sandinistas se apoderaron de la alcaldía y se repartieron los cargos de alcalde, vicealcalde y el de secretario del concejo municipal.

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“Pero no les bastó apropiarse de la alcaldía, ya que siguieron con la persecución y las amenazas y al ver que mi vida estaba en peligro, decidí no ponérmeles en bandeja”, relató.

TEMÍA POR SU VIDA

Hernández asegura que los líderes de comunidades y barrios, han respaldado su decisión, porque consideran que era necesario que se alejara del peligro, para que regrese a dirigir la alcaldía.

“Yo no pierdo contacto con ellos (los líderes) y están claros que unidos vamos a ganar las elecciones del 2021 y que la paz regresará para erradicar la violencia, el odio, y respetar los derechos humanos, la democracia y la justicia”, relató.

La ex edil señala que la decisión de refugiarse en Estados Unidos, fue algo difícil, ya que tuvo que alejarse de su familia, amigos, correligionarios y suspender sus estudios, tercer año de derecho.

“Para mí fue muy difícil venirme a Estados Unidos y no me da vergüenza decir que estoy trabajando en mantenimiento en un hotel, porque es una labor digna a la que se dedican los migrantes que son profesionales y es una nueva etapa de mi vida, porque siempre me he dedicado a mi finca dedicada al cultivo de café y la ganadería”, detalló.

Sostiene que la bancada de concejales del PLC se retiró de las sesiones al no estar de acuerdo con los funcionarios públicos que fueron impuestos y que los 39 trabajadores que renunciaron después de que el FSLN se apoderó de la alcaldía, aún no reciben sus liquidaciones.

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“En este caso no hay Mitrab que vele por estos trabajadores. Pero la población y los mismos simpatizantes del FSLN, también se han percatado que nosotros realizábamos un mejor trabajo que los funcionarios que fueron impuestos, ya que a pesar de tener el respaldo del gobierno central y transferencias municipales, no reparan los caminos, ni puentes destruidos por los huracanes y tampoco han solucionado la falta de agua potable en comunidades como Wamblán”, afirmó Hernández.