La realidad que Almagro minimiza: Ortega reprime como Maduro

Luis Almagro vuelve a ser objeto de críticas al declarar que Daniel Ortega gobierna en Nicaragua, que ha demostrado compromiso en cumplir acuerdos y que lo que se vive en el país no es comparable con la situación de Venezuela ¿Cuál es la realidad detrás de esas afirmaciones?

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, intentó ubicarse en la escala de grises con su visión de lo que aquí ocurre. Pero la situación llegó a un punto que no daba lugar a puntos medios, y en las posiciones “equilibradas” la ciudadanía y organizaciones civiles –que a partir de abril tomaron un rol más activo- advierten intentos de validar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El secretario de la OEA en esos primeros meses de crisis fue criticado por no condenar de manera directa a Ortega por las atrocidades cometidas contra la población que se alzó en protestas cívicas y que fueron reprimidos con fuerza letal. La imagen del alto funcionario cambió cuando finalmente señaló que en Nicaragua había una dictadura responsable de cientos de asesinatos y que parte de la solución era el anticipo electoral.

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Ahora, a su llegada a Medellín, Colombia, donde hoy inicia la 49 Asamblea General de la OEA, Almagro vuelve a ser objeto de críticas al declarar al diario El Colombiano que Ortega gobierna en Nicaragua y que la crisis que padece el país desde hace 14 meses y que ha dejado más de 300 asesinatos, no es comparable con la que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué ha cambiado en Nicaragua? ¿Cuál es la realidad de lo dicho por el secretario general de la OEA?

Almagro: “No hay una comparación directa entre Nicaragua y Venezuela. Ortega no es Maduro. La reciente liberación de prácticamente la totalidad de los presos políticos en Nicaragua demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada”.

Realidad: En 14 meses de crisis en Nicaragua se registran entre 325 y 500 asesinatos por la represión de fuerzas policiales y parapoliciales, según informes preliminares de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.

En Venezuela, la cifra de asesinatos el año pasado fue de 157, en alrededor de 5,315 protestas contra Nicolás Maduro. Entre 2014 y 2017 Venezuela acumulaba 205 asesinatos en manifestaciones, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

En un año Ortega mandó a encarcelar a al menos 709 ciudadanos, 620 fueron liberados, a los 89 restantes el régimen se rehúsa a liberar. En Venezuela, según el Foro Penal, se registran 688 prisioneros políticos.

La liberación de presos políticos fue suscrita en mesa de negociación desde el 27 de marzo, pero fue ejecutada de manera unilateral, primero mediante excarcelaciones esporádicas y, finalmente, 106 fueron liberados a través de la aprobación de una Ley de Amnistía que la Alianza Cívica y el equipo jurídico que ejerce la defensa de las víctimas rechazaron de forma categórica, porque garantiza impunidad a los verdaderos responsables de los crímenes, cuando existían siete salidas jurídicas para devolverle la libertad a los ciudadanos encarcelados.

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No obstante, las autoridades judiciales no han  anulado los procesos penales ni administrativos contra los presos políticos liberados. “Tampoco se les han anulado los registros de antecedentes penales por las autoridades competentes. A estas alturas a un número significativo de personas no les han sido devueltas sus pertenencias, ni documentos personales, incluyendo cédulas de identidad y pasaportes. Tampoco se han cerrado los juicios, ni cancelado los antecedentes penales de las 296 personas procesadas y que no habían sido capturadas”, denunció la Alianza Cívica.

Almagro: “Falta mucho: el restablecimiento de libertades públicas, del Estado de Derecho, de los derechos civiles y políticos, etcétera, pero en cuatro procesos de diálogo en Venezuela no pudo lograrse un paso como este”.

Realidad: Las negociaciones entre la Alianza Cívica y los delegados del régimen están suspendidas desde el 20 de mayo, por incumplimiento a los siguientes acuerdos suscritos:

Garantizar  el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, sin necesidad de tramitar permiso previo ante la Policía cuando estos encuentros no afecten la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población.

Permitir a todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional, de acuerdo a la Constitución y la ley de la materia.

Garantizar la constitución de organizaciones de cualquier índole.

Devolver las personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro a las que se les cancelaron por su rol en el contexto de las protestas.

Almagro: “La puntualidad que tuvo la crisis nicaragüense tampoco tiene que ver con las características de represión y de crisis humanitaria que padece Venezuela. Si mañana hay un compromiso de Maduro de liberar a los presos políticos, de entrar en un proceso de reforma electoral, creíble con modificación de toda la estructura, bien. Pero hoy esos procesos en Venezuela no tienen ni el 10 % de resultado que ha tenido unos meses de negociación con el sandinismo”.

Realidad: Nicaragua acumula 14 meses de crisis sociopolítica que ha resultado en el exilio forzado de al menos 72,000 ciudadanos, la mayoría jóvenes y entre los que se cuentan líderes campesinos, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales, médicos, universitarios y periodistas. Es el segundo éxodo de nacionales bajo el mando de Daniel Ortega, el anterior fue en los años 80.

La Alianza Cívica acude a Medellín para denunciar “la falta de voluntad del gobierno de Nicaragua al cumplimiento total de los acuerdos firmados el 27 y 29 de marzo y del regreso al país de organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus diferentes mecanismos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH)”.

Organismos acusan al régimen de utilizar las negociaciones para ganar tiempo y no negociar el anticipo de elecciones que ha sido planteado como parte indispensable en la ruta para encontrar una salida pacífica la crisis. El régimen habla de reformas electorales, pero rechaza a entrega del poder mediante un proceso democrático anticipado, observado y creíble.

Almagro: “Hay otra diferencia: Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela.

Realidad: Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto un estado policíaco en el país. La violación a los derechos humanos no tiene precedentes en los últimos cuarenta años y ejercicio del poder se mantiene mediante la instrumentalización de todos los poderes del Estado y, principalmente, a través del control de las fuerzas armadas regulares y de grupos parapoliciales que operan de forma conjunta con la Policía.

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“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha recibido reiteradas denuncias de excarcelados y de sus familiares de actos de intimidación de parte de la Policía y de paramilitares, así como asedio, actos contra la integridad personal, la libertad de movilización y la libertad religiosa. Hemos visto, con mucha preocupación una constante campaña de odio de parte de los medios controlados por el régimen en contra de las personas excarceladas, lo que acrecienta el riesgo de que sean objeto de violaciones a sus Derechos Humanos”.

La policía niega el derecho a la manifestación cívica y reprime cualquier intento de concentración o reunión de opositores al régimen.

ECONOMÍA A PIQUE

La crisis social y política desatada por Daniel Ortega ha deteriorado la economía, que creció a un promedio de 5.2% hasta 2017. Funides estima que este año entre 66,000 y 98,000 personas perderán su empleo, incrementando la tasa de desempleo en un rango de entre 244,000 a 276,000.

Desde abril de 2018 a la fecha, las actividades económicas no han mostrado signos positivos por lo que, formalmente, Nicaragua entró a una recesión a partir del pasado 1 de octubre. Economistas y empresarios apuntan a que el país estará entrando a una depresión económica que se advierte en los síntomas los altos niveles de desempleo, incrementos en costos productivos, aumento de precios, en gran medida provocado por el mismo gobierno al imponer una reforma fiscal con la que pretende paliar el déficit de más de 10,000 millones de córdobas del Presupuesto General de la República (PGR)

Ya el Fondo Monetario Internacional (FMI) precisó que la economía caerá este año 5%, mientras que el Funides la estima entre -7% y -10%.  Así, Nicaragua se pone a la par de Venezuela, con una crisis mayor, como las naciones que más decrecerán en 2019.