Sandinistas aprueban reforma a Ley Orgánica de la Asamblea y le quitan poder a Gustavo Porras

Luego de las sanciones de Estados Unidos contra Gustavo Porras, la bancada sandinista reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la que el presidente de la Asamblea deja de ejercer funciones administrativas para cedérselas a un Secretario Ejecutivo, según el régimen, para ser un "Parlamento moderno".

Tres días después de que Estados Unidos y Canadá aplicarán sanciones contra Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, la bancada del Frente Sandinista aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo con la que le restan poder al funcionario sancionado para cedérselo a un Secretario Ejecutivo que será designado por la Junta Directiva del Parlamento.

Con la reforma al artículo 44 del Poder Legislativo, aprobada este martes con 70 votos a favor y dos en contra, Gustavo Porras deja de ser el administrador del presupuesto y personal de la Asamblea, pero conserva su poder político.

“La autoridad administrativa de la Asamblea Nacional es el Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional, responsable de la administración del presupuesto y del personal de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional nombrará al Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva de la Asamblea Nacional”, indica la reforma.

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La reforma detalla que la Presidencia, a cargo de Gustavo Porras, representa políticamente al Poder Legislativo, preside la Asamblea Nacional y su Junta Directiva, pero no podrá hacer gestiones administrativas.

SANCIONADO

Según la bancada del Frente Sandinista, con esta reforma “se pretende que el órgano legislativo se adapte a los cambios constantes que requiere un Parlamento Moderno”.

Sin embargo, la reforma a la Ley Orgánica del Parlamento es un efecto directo de las sanciones que el pasado viernes emitió el Departamento de Estados Unidos contra cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega por corruptos y violadores de derechos humanos.

Junto a Gustavo Porras también fueron sancionados la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telcor, Orlando Castillo; y el general en retiro Óscar Mojica, engrosando la lista de 10 operadores del régimen sancionados por Estados Unidos al estar involucrados en la represión desatada por la dictadura a partir de abril de 2018.

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Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bajo el mando del Departamento del Tesoro, Gustavo Porras “es el operador político más importante del presidente Ortega y ejerce un control significativo sobre el Instituto de Seguridad Social y el Ministerio de Salud con la aprobación de la vicepresidenta Rosario Murillo”.

Además, Porras es señalado de haber dirigido la violenta represión policial y paramilitar contra el pueblo autoconvocado que se alzó en protesta contra la dictadura en el departamento de León.

Foto de portada: La Prensa.