CIDH y OACNUDH reconocen labor de Panamá y Costa Rica para el retorno de 300 nicaragüenses y aplazan a Ortega

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) destacaron la labor que desarrollaron los gobiernos de Panamá y Costa Rica para que 300 nicaragüenses que quedaron en situación de vulnerabilidad retornaran al país.

Los nicaragüenses permanecieron varados desde el pasado 7 de enero, después que perdieran sus trabajos a causa del Covid-19, y pese a que solicitaron el apoyo de las autoridades de Nicaragua en Panamá, estos ni siquiera los recibieron.

La administración de Daniel Ortega prohibió desde el mes de julio del año pasado el ingreso de connacionales y extranjeros a territorio nacional que no presentaran la prueba PCR negativa del Covid-19.

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Incluso, cerró las fronteras tanto del norte como del sur, dejando a centenares de nicaragüenses en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la presión internacional obligó el ingreso escalonado de nicaragüenses en Panamá.

“La CIDH y la OACNUDH saludan las acciones implementadas por los Estados de Panamá y Costa Rica que permitieron el retorno de más de 300 personas nicaragüenses que se encontraban en Panamá a la espera de la autorización por parte de las autoridades de Nicaragua para retornar a su país”, señalaron ambos organismos en un comunicado conjunto.

Ante la negativa del régimen de Daniel Ortega, de proveer las pruebas PCR para los nicaragüenses, el gobierno de Panamá financió el acceso a las pruebas a 129 personas, que fueron dejados abandonados en el puesto fronterizo de Paso Canoas, que divide a Panamá de Costa Rica.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y NO REPETICIÓN

Tanto la CIDH como la OACNUDH “resaltan la necesidad de buscar estrategias de prevención y no repetición, a través de la adopción de leyes, políticas y prácticas que aseguren la protección de los derechos humanos de todas las personas en su territorio y bajo su jurisdicción, independientemente de su condición migratoria”.

El último grupo de nicaragüenses retornó al país el pasado 11 de febrero, de los cuales cinco de ellos dieron positivos a Covid-19, los que fueron puesto en cuarentena obligatoria en Panamá y bajo supervisión médica.

Asimismo, la CIDH y la OACNUDH demandaron el respeto al principio de igualdad y no discriminación, y el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se establece que los Estados deben de garantizar el derecho a regresar a las personas migrantes a su país.

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“En este contexto, la Comisión y la Oficina Regional llaman a los Estados concernidos a promover y adoptar estrategias para la articulación, cooperación, intercambio de información y apoyo logístico para permitir el tránsito de estas personas y asegurar su retorno a Nicaragua de manera segura, digna y voluntaria”, señala el comunicado.

Las dos organizaciones hicieron un llamado a la administración de Ortega para permitir “el retorno e ingreso de sus nacionales a su territorio de modo digno, seguro y voluntario, garantizando que la aplicación de protocolos sanitarios en el contexto de la pandemia priorice la protección a la vida, integridad y salud de las personas”.