Dictadura podría enfrentar otro revés en la OEA

El Grupo de Trabajo para Nicaragua presentará una resolución en la que solicitará a los Estados miembros que nombren una comisión que se encargue de realizar “gestiones diplomáticas del más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis en Nicaragua”.

En el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),  los cancilleres del continente votarán un proyecto de resolución sobre Nicaragua que contempla la creación de una comisión que, “en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política”, cuyos resultados deberán ser plasmados en un informe al cabo de tres meses.

El proyecto de resolución “La situación en Nicaragua” propuesto por el Grupo de Trabajo para Nicaragua, que lidera la representación de Canadá, subraya el grave deterioro de la democracia en Nicaragua y la urgente necesidad de reactivar las negociaciones para buscar una salida pacífica a la crisis que ya supera los 14 meses.

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El informe que emita la comisión daría la pauta para definir las medidas a tomar en el seno de la OEA, según se expresa en el documento de seis puntos que será sometido a votación. Entre las medidas a tomar se contempla “si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”, queda expresado.

Estos son los seis puntos medulares de la resolución a analizar durante la Asamblea General de la OEA:

1.        Reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año.

2.        Instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.

3.        Insistir en la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos.

4.        Reiterar que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, constituyen una alteración del orden democrático en los términos de la Carta Democrática Interamericana.

5.        Instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo de tres meses.

6.        Instruir al Consejo Permanente a que, recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General.

La propuesta es sustentada ante el progresivo deterioro de las libertades en Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado, incluyendo violaciones a la libertad de prensa y derechos humanos fundamentales.

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“Es necesario garantizar las condiciones políticas y sociales adecuadas para promover una reforma electoral integral que permitan asegurar elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con estándares internacionales”, se expone en el documento en que también se reconoce como “un paso relevante” la liberación de la mayoría de los presos políticos.

Ni obstante, señala que “existe información creíble sobre presos políticos aún detenidos y que muchas de las personas liberadas no tienen claridad sobre su situación jurídica”.

El hecho que el régimen todavía no haya permitido el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus mecanismos a Nicaragua, incluido el MESENI, ni permite el trabajo independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos, es catalogado como “deplorable".

El documento además condena “las limitaciones a la libertad de prensa, la represión a la manifestación pacífica y los ataques a quienes participan en actos religiosos”.