Unamos interpone recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Ciberdelitos

La Unión Democrática Renovadora (Unamos) interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, también conocida como Ley Mordaza, por considerar que lesiona el derecho de compartir y recibir información que tienen todos los nicaragüenses.

En su escrito, los miembros de la organización política, plantean que dicha norma jurídica violenta los derechos y garantías de los nicaragüenses establecidos en la Constitución Política y, además, los convenios internacionales relacionados a la protección de los derechos humanos.  

“Nosotros dejamos sentado que no vamos a obedecer ninguna ley que es ilegal e ilegítima y que vamos a continuar interponiendo recursos por inconstitucionalidad ante todas estas leyes orteguistas”, declaró Suyén Barahona, presidenta de Unamos.

La Ley Mordaza "no nos va a callar, no nos van a censurar”, sostuvo. En ese sentido, dijo que continuarán demandando la liberación de los presos políticos -118 según organizaciones defensoras- y el restablecimiento de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y movilización.

PIDEN QUE CSJ DE TRAMITE A RECURSO

En el documento los miembros de Unamos demandaron que la CSJ de trámite el recurso “acorde a los plazos y reglas establecidas en la Ley de Justicia Constitucional”, tomando en cuenta el contexto de represión estatal que se vive en el país. También pidieron “un análisis profundo, imparcial, serio y profesional de las alegadas violaciones a derechos constitucionales, ejerciendo efectivamente su rol de garante de la primacía constitucional y alejados de afrentas políticas”.

La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada el 27 de octubre de 2020 y entró en vigencia el 30 de diciembre del 2020. Según organizaciones de periodistas independientes, esta ley representa una grave amenaza para la libertad de prensa, porque “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

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La ley establece penas de uno a 10 años de cárcel a las personas que cometan ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”, y aunque contiene 25 definiciones, no especifica dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) o información tergiversada. 

En la normativa de la Ley de Ciberdelitos, la cual fue publicada el pasado 29 de enero de este 2021, se establece que las empresas que brinden el servicio de comunicaciones están obligadas proporcionar todos los datos personales de sus usuarios a la Policía y a la Fiscalía, incluyendo números telefónicos, actividad en redes sociales y correos electrónicos, los cuales están obligadas a resguardar hasta por  un periodo de un año, como parte de la normativa aprobada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor).

El régimen de Daniel Ortega se ha hecho de oídos sordos a las peticiones que han hecho diversas organizaciones nacionales e internacionales para que derogue esta Ley, así como la de Agentes Extranjeros, y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz también conocida como la Ley de las Inhibiciones.