Oenegés acusan al Migob de convertirse en un aparato de control y castigo

Las oenegés hicieron un llamado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva el recurso por inconstitucional presentado contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como Ley Putin, por la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.  En un comunicado, exponen que el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, pretende que estas mueran civilmente, al coordinar ataques desde diferentes instituciones públicas. 

El pasado 9 de diciembre, la organización interpuso el recurso contra la ley represiva que amenaza con eliminar a las instituciones de la sociedad civil. Ahora, llaman a los magistrados del Supremo para que resuelva dentro del plazo legal establecido del 09 de marzo. La urgencia de las oenegés es porque la Ley Putin ha motivado el cierre de organizaciones que no están dispuestas a someterse a esa legislación, como fue el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 

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Las Plataforma advierte que la Normativa de la Ley de Agentes Extranjeros es más amplia que la propia Ley, ya que otorga más facultades al Migob al convertirlo en “un supraente gubernamental, en un aparato de control y castigo contra las personas jurídicas sin fines de lucro en Nicaragua, consideradas como opositoras al Gobierno”.

Desde las facultades establecidas en la normativa, el Migob coordina  ataques desde las alcaldías, la Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerio del Trabajo (Mitrab), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y otras instancias gubernamentales contra las oenegés, “sometiendo al personal de estas organizaciones a un estado de tensión permanente ante la amenaza de una muerte civil”. 

La guerra contra las oenegés ha llevado a que “algunos” bancos privados pongan obstáculos a la apertura de cuentas para la ejecución de proyectos. “Es el Migob la instancia que no entrega las certificaciones requeridas por la banca, pese a que las organizaciones llegan a rendir cuenta y brindar la documentación solicitada”, denunciaron. 

Según el comunicado de prensa, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, conformada por 6 redes y 100 Organizaciones No Gubernamentales, continuará denunciando y documentando las violaciones al derecho de asociación en Nicaragua.

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Ante el panorama adverso, piden a los organismos donantes  que no sumen  a la aplicación de esta ley. En SOS, exponen que la normativa de Ley Putin demuestra que para el régimen de Daniel Ortega cualquier espacio no propio, toda persona que no milita en sus filas, es sospechosa de delinquir. “La Ley de “Agentes Extranjeros” legaliza este estado de persecución y es autoincriminatoria. Todo lo actuado por las organizaciones y ciudadanía, crítica u opositora, es sujeto de investigación”, dicen.

Además, enfatizan que el régimen está atentando contra los profesionales que trabajan como consultores para las organizaciones, al obligarlos a firmar en los bancos privados “Declaratoria de “No Agente Extranjero”, y solicitarles los contratos de las consultorías. 

“Sin estos requisitos, las transferencias bancarias, el dinero ganado con trabajo digno, no pueden ser aplicadas a sus cuentas personales. Esto constituye una violación al sigilo profesional y bancario, y atenta contra al bienestar de muchas familias nicaragüenses”, exponen.