Asamblea otorga larga vida a la Comisión de la Verdad: Amplió hasta 2022 su periodo de vigencia

La Asamblea Nacional extendió hasta enero de 2022 la vigencia de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la instancia creada por Gustavo Porras y conformada por personeros afines a Daniel Ortega, a quienes delegó la misión de "investigar" las denuncias de los crímenes y violencia ocurridos en Nicaragua a partir del 18 de abril de 2018.

La Comisión fue creada el 6 de mayo de 2018 y su funcionamiento había sido ampliado cada tres meses por medio de resoluciones del Parlamento. No obstante, ahora el órgano, carente de credibilidad por la abierta inclinación política en favor de Ortega, recibió un aval que garantiza su existencia a lo largo del presente año.

Según la resolución 02-2021, publicada este miércoles en La Gaceta, el nuevo plazo de la Comisión de la Verdad va del 6 de febrero de 2021 hasta el 9 de enero de 2022. El objetivo de ampliar su operatividad es para “continuar realizando su labor”, cita el documento, aunque desde su creación, no ha presentado un informe conclusivo sobre el trabajo que supuestamente realiza.

La Comisión fue conformada por orden de Ortega como una supuesta muestra de “buena fe” para resolver la crisis en Nicaragua, y su mandato consistía en que emprendiera procesos que permitieran identificar a los responsables de al menos 328 asesinatos y un sin número de denuncias de violaciones a los derechos ocurridos en el país. Sin embargo, la Comisión no ha reconocido esa cantidad de víctimas, y se ha plegado al discurso oficialista sobre el intento fallido de golpe de Estado.

DD.HH EN RETROCESO

La inefectividad de la Comisión se ve reflejada en los informes sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Recientemente la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) señaló retrocesos en la gestión de Daniel Ortega para dar una salida a la crisis sociopolítica que se vive desde 2018, por lo que reiteró su petición de acceso al país, por considerar que el contexto electoral que se vive en el país vuelve aun más compleja la situación.

El boletín especial, presentado este lunes por la Oficina Regional de Michelle Bachelet, en Panamá, observa que “a menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en septiembre de 2019 ha sido deficiente”.

La Oficina de Bachelet enfatizó que la autorización del ingreso de una misión de ese organismo "permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, sentaría las bases de una futura cooperación técnica dirigida a contribuir más eficazmente a la respuesta del Estado a los diversos desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos. La Alta Comisionada espera una respuesta positiva del Gobierno a esta iniciativa y hace un llamado a la comunidad internacional para que la apoye”. 

En abril próximo, Nicaragua cumplirá tres años de crisis sociopolítica en medio de las tensiones generadas por las elecciones generales programadas para el mes de noviembre y por las que la oposición y comunidad internacional presiona a Ortega para que brinde garantías de transparencia, mediante reformas electorales.